Democracia y seguridad

La reciente reestructuración de la cúpula de la 'conselleria' de Interior ha provocado que el foco de atención político y mediático se centrara sobre el papel de los Mossos en relación al referéndum del 1-O, situándolos como una pieza esencial en la correa de transmisión de la voluntad del Govern de impulsar la consulta. En la práctica, sin embargo, no es una decisión que permita aumentar un presunto control gubernamental sobre los Mossos, sino solo un gesto para mostrar externamente la cohesión política del Govern y su determinación hacia la celebración del referendum.

De hecho, los principios de actuación de los Mossos están claramente definidos en su ley reguladora. En primer lugar, en cumplimiento de sus funciones deben actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad. Esto quiere decir que los Mossos han de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico: la Constitución, nuestro Estatut y las leyes del Parlament. Ni están por encima de la ley ni la pueden interpretar. Por lo tanto, si queremos preservar su imparcialidad, no podemos poner a los Mossos en una contradicción interna en la que tengan que elegir entre cuál es la legalidad que deben cumplir o la legitimidad que deben respetar. Ley aplicable en cada supuesto solo puede haber una. Y en cada momento sabremos cuál es. Por ello, todos los Estados de derecho prevén mecanismos necesarios para fijar, en caso de conflicto entre normas, cuál es la válida y vigente.

JERARQUÍA Y SUBORDINACIÓN

En segundo lugar, los Mossos actúan, como cuerpo policial, de acuerdo a los principios de jerarquía y subordinación. Pero tal y como dice la misma ley, esta obediencia debida no puede amparar, en ningún caso, el cumplimiento de órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan un delito o que sean contrarias a la Constitución, nuestro Estatut o las leyes. Llegado el momento, el jefe mayor de los Mossos tendrá elementos de juicio suficientes para saber quién puede decir qué. Democracia y ley son, pues, inseparables.

Y por último, no debemos olvidar que los Mossos son policía integral en Catalunya y, por tanto, junto con las competencias de seguridad, orden público, tránsito y de investigación, ejercen también funciones de policía judicial. Esto quiere decir que hay una dependencia funcional de los Mossos respecto a los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal. Los Mossos actúan para hacer cumplir la legalidad y, por tanto, ejecutando decisiones del poder judicial, por un principio tan esencial en un Estado democrático como es el de la separación de poderes.

Dicho de otro modo, el sistema de distribución de competencias previsto en nuestro Estatut y el principio de separación de poderes, propio de un Estado democrático, hace que el mando del gobierno de la Generalitat sobre los Mossos no sea ni único ni absoluto como se quiere hacer ver.

Cualquier cambio de estos tres principios de actuación exigiría una reforma constitucional y estatutaria que lógicamente no se puede hacer ni en los plazos ni con las mayorías de una ley ordinaria del Parlament, aunque lleve el nombre de «transitoriedad jurídica».

UNA POLICÍA DE PRESTIGIO

La recuperación de los Mossos, hace ya casi 35 años, ha sido un paso decisivo en el proceso de reconstrucción de la identidad nacional de Catalunya. Es una policía arraigada a la cultura y al pueblo del que nace, al que pertenece y al que sirve. Durante este tiempo los Mossos se han convertido en un cuerpo policial moderno y profesional que ha alcanzado un gran prestigio internacional. Si queremos respetarlo y preservarlo, debemos aislarlo del debate político.

Los Mossos ya saben qué deben hacer.