Del Rey y las injurias

Antes, quemar fotos del Rey, y ahora romperlas o recortarlas, se considera delito por la judicatura española. Incluso por el otrora amparador de las libertades Tribunal Constitucional, quien, sin base alguna, lo tuvo por delito de odio. Romperlas o dañarlas es, por ahora, objeto de investigación penal. Curiosamente, en este caso los medios más recios han preferido el término imputado al de investigado, que reservan a los casos de los corruptos afectos.

¿Realmente estamos ante un delito de injurias al Rey? Para el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, no. En efecto, cuando Arnaldo Otegi calificó al rey padre de «jefe de los torturadores», le amparó. No es difícil prever que quienes quemaron reproducciones regias corran la misma suerte: al final, tras varios años de calvario judicial, podrían verse reivindicados. Si antes no se ha aprendido la lección, igual sucedería con los casos de los recién imputados.

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LIBERTAD DE EXPRESIÓN

¿Por qué, cabe preguntarse, si existen preceptos penales que castigan las injurias al Rey, no se pueden castigar? En esencia, por dos razones: porque en una democracia, para la formación de una opinión pública libre, como reza la Convención Europea de Derechos Humanos, es necesaria la libertad de expresión. Sin ella no hay opinión pública democrática; solo propaganda tendencialmente totalitaria.

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La segunda razón cuestiona si en puros términos jurídico-penales el Rey puede ser injuriado. El Rey, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución, es el símbolo de la unidad del Estado (no de España), es poder moderador y arbitral, pero, como es inviolable e irresponsable, todos sus actos deben ir refrendados. Es decir, el Rey, desde el plano constitucional, no es ciudadano normal: es un símbolo que, cuando actúa, no lo hace por sí mismo sino con el respaldo y la autorización expresa del Gobierno, que sí responde, en su lugar, a un mandato democrático y de los actos regios.

EL PARARRAYOS DEL SISTEMA

En estas condiciones, la crítica acerba, incluso grosera, al Rey es un acto de crítica al sistema político que representa y encarna, pero no contra su persona, que ningún poder autónomo tiene y, por tanto, no es más que el pararrayos del sistema.

, dado que el Rey, a fin de cuentas, es un símbolo irresponsable. Castigar esas críticas, sean del gusto que sean, es equiparar al Rey, como se hacía en el Derecho histórico -incluso liberal- español, a una persona sagrada. Exactamente lo mismo que en la monarquía alauí, régimen político que nadie tomaría como modelo de sistema democrático por más libaciones que hubiera efectuado.

Cabría decir que el Rey puede ser injuriado como persona privada. Admitámoslo teóricamente. Sin embargo, entonces dejaría de ser la magistratura constitucional que encarna para pasar a ser un ciudadano común y corriente, sometido, como el resto, a todas las obligaciones. Pero eso, constitucionalmente, es imposible. En el fondo, falta mucha correa y sobra mucho Gürtel.