Degradando la UE

El recorte de la protección social a los trabajadores inmigrantes que los líderes europeos han aceptado para satisfacer al primer ministro británico, el conservador David Cameron, desmantela un pilar fundamental de la Unión Europea (UE) y va contra la letra del tratado europeo (artículos 45 y 46). Las concesiones al chantaje británico consolidan el doble rasero en el funcionamiento de la UE: la acomodación generosa a las exigencias de los países poderosos (Gran Bretaña, Alemania, Francia) y la imposición implacable de 'diktats' draconianos a los débiles (Grecia, España).

El recorte de los subsidios a los inmigrantes y las concesiones a la City londinense y al sector financiero también consolidan otro rasgo característico del funcionamiento de la UE en las últimas décadas: anteponer los intereses de las grandes compañías que temen perder volumen de negocio si Gran Bretaña sale de la UE a los derechos de los trabajadores. Mientras se legisla a la medida de los intereses de las grandes empresas y del sector financiero, se recortan sin vacilar los derechos sociales de los trabajadores siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.

"Europa necesita inversiones y salarios decentes para los trabajadores, no robar los derechos a los inmigrantes con bajos salarios", critica el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini. "No comprendo cómo penalizar a los trabajadores inmigrantes puede ayudar a la UE. La propuesta de denegar los subsidios sociales a los trabajadores inmigrantes con bajos salarios contrasta con la evasión fiscal que se permite a las grandes empresas", lamenta Visentini.

PREMISA FALSA

Resulta preocupante como la Comisión Europea y los líderes de los demás 27 países de la UE aceptan sin cuestionar la falsa premisa planteada por Cameron de que el creciente número de trabajadores inmigrantes en el país pone en peligro la seguridad social británica.

El informe publicado en el 2014 por los economistas Christian Dustmann y Tommaso Frattini del University College of London (UCL) demostró que los inmigrantes europeos que han llegado a Gran Bretaña desde el 2000 han aportado mucho más en impuestos y cotizaciones de lo que han recibido en ayuda pública. Esos inmigrantes europeos han aportado un beneficio neto a las arcas del Estado británico de más de 25.000 millones de euros del 2001 al 2011. A esa cifra hay que sumar otros 8.700 millones de euros que el Estado británico se ha ahorrado en la educación de esos trabajadores. El estudio 'Los efectos fiscales de la inmigración en Gran Bretaña' precisa que los inmigrantes de los países de Europa oriental pagan en impuestos y cotizaciones un 12% más de lo que reciben del Estado británico.

ABUSOS LABORALES

Otros datos que debería tener en cuenta el presidente de la UE, el conservador polaco Donald Tusk, son los enormes abusos laborales que sufren los inmigrantes polacos en Gran Bretaña, como ha descubierto la investigación de la tesis doctoral de la London School of Economics (LSE) 'Inmigrantes blancos y legislación antidiscriminatoria en Gran Bretaña' de Dagmar Myslinska, abogada y antes profesora universitaria en EEUU.

Myslinska detalla como los empresarios británicos abusan de los inmigrantes polacos, pagándoles "por debajo del salario que les correspondería", en "condiciones de precariedad" y "bajo la amenaza de despido" si no se pliegan a todos los abusos. Los propietarios, destaca Myslinska, también explotan a los inmigrantes "cobrando precios astronómicos" por viviendas en malas condiciones.

REBAJAS DE IMPUESTOS A LOS RICOS

Las eventuales dificultades financieras de la seguridad social y los servicios públicos británicos no son fruto de los trabajadores inmigrantes europeos (6,4% del total de empleados en Gran Bretaña), sino de las rebajas de impuestos a las grandes empresas y a las personas más ricas de los últimos 30 años: el impuesto de sociedades ha pasado del 52% al 20% y el de renta del 60% al 45%.

El importe de los subsidios sociales en Gran Bretaña es elevado (160.000 millones) no por culpa de los inmigrantes, sino a causa de los recortes de los derechos sindicales y laborales de los gobiernos conservador y laborista, que han hundido el salario de los trabajadores. Ahora el Estado debe compensar con subsidios lo que no pagan las empresas para evitar una pobreza extrema generalizada. Seis millones de empleados británicos mayores de 21 años cobran menos del salario necesario para cubrir el coste de la vida (el 23% de los ocupados y el 1% más que en el 2014), según la consultora KPMG.