El cuento de las cuentas

A quien corresponda, supongo que el ministro Montoro.

Es cansino contraargumentar académicamente falacias políticas que comprendo en boca de un político pero no si visualizo al catedrático colega de Hacienda Pública. Las cuentas regionales no son balanzas fiscales. Se olvidan prácticamente de los ingresos y asumen que no importa la unidad administrativa que realiza el gasto, siendo intrascendente dónde se realiza este. Justo en las antípodas de lo que se reivindica. Decimos en Catalunya que con estos nuevos cuentos regionales nos quieren vender bou per bèstia grossa. Para ello encarga el Ministerio de Hacienda una argumentación académica de su visión particular sobre el tema a un director que no cree en balanzas fiscales y que no participó, ni fue invitado, en la comisión del Instituto de Estudios Fiscales.

En aquella comisión, en la que yo sí participé, como en todas las habidas en Catalunya con distintos gobiernos, con la mejor voluntad académica y gratis et amore, empeñamos nuestro tiempo a favor de clarificar la situación y desembozar el debate político. Ahora el Gobierno encarga a un grupo un proyecto -cuyo gasto supongo nos habrán imputado a todos como supuesto bien público- para desviar la atención a otro tema regional. Entrecomillo partes del texto que conozco. Según el informe, para la imputación de gastos «no importa dónde estén localizadas físicamente las unidades administrativas que producen o gestionan buena parte de tales servicios, o los centros de producción de las empresas que les proporcionan los inputs intermedios necesarios a tal fin. (...) La presunción más razonable es que las diferencias de gasto que puedan darse entre unas regiones y otras reflejan peculiaridades de ciertos servicios que exigen su localización en determinadas áreas. (...) Así pues, las cuentas se construyen desde la óptica de una hipotética administración central aumentada, a la que corresponderían en principio todos los recursos tributarios del país y que canalizaría después una parte de los mismos hacia las administraciones territoriales, bien mediante transferencias o bien a través de la cesión de determinados tributos, con o sin competencias normativas y de gestión».

Con estos planteamientos nos dicen ahora que los académicos que hemos dedicado nuestro tiempo y estudio al tema teníamos el foco equivocado. Ello me afecta a mí, pero también a un abanico tan amplio que incluye a Antoni Zabalza, Jesús Ruiz-Huerta, Antoni Castells, Núria Bosch, Montserrat Colldeforns, Ester Martínez, Marta Espasa y Joan Rosselló, entre otros, y a expertos del propio Instituto Nacional de Estadística y de la Intervención General de la Administración del Estado, todos ellos participantes en distintas comisiones de estudio. ¿Cómo explicar además que coetáneamente a este descrédito el propio Instituto de Estudios Fiscales esté editando ya un nuevo número monográfico sobre balanzas fiscales y que el director de la revista nos haya convocado a los participantes a una reunión sobre el tema en el propio instituto? ¿Es creíble que una comunicación (ni a ponencia llega) de los tres autores que han recibido el encargo, con una presentación de 15 minutos en un simposio anual que se celebrará esta semana en Girona junto a un centenar más de trabajos, equivalga a su validación ante los expertos?

Que no guste la reivindicación de las balanzas fiscales lo puedo entender. Que algunos interpreten la soberanía fiscal como exclusiva y excluyente del Estado, también, negando así incluso la mayor de permitirnos hablar de balanzas y hacerlo solo de «cuentas regionales». Pero en coherencia, dejémonos de monsergas de federalismos fiscales e interpretaciones «cuasi federalizantes» de nuestro Estado autonómico. Mientras el debate catalán se encona, no nos hagan perder más tiempo. Mejor distraiganse solos.

En lo que sí estoy de acuerdo con los autores del informe es (cito de nuevo) en que «la controversia sobre el tema ha sido especialmente intensa y agria en el caso de Catalunya, donde la percepción cada vez más extendida entre la población de que la comunidad ha experimentado durante décadas un claro maltrato fiscal por parte de la Administración central ha jugado un papel importante en el avance del independentismo. (...) En esto último, sin embargo, tienen buena parte de culpa los sucesivos Gobiernos centrales españoles, que con independencia de su signo político no han hecho nunca el esfuerzo de poner a disposición de la opinión pública una información detallada y accesible sobre la incidencia territorial de sus actuaciones para hacer posible un análisis sistemático de esta faceta de las mismas, que no tiene por qué estar exenta de los mecanismos de escrutinio público y control habituales en un país democrático». Plenamente de acuerdo.