Crisis y reforma educativa

La crisis ha reabierto la herida de algunas importantes carencias que como sociedad venimos arrastrando. Entre ellas, no es la menor la de un sistema educativo que no es más que parcialmente capaz de atender los requerimientos de formación de la mano de obra. Así, mientras un tercio de los activos catalanes menores de 40 años solo ha alcanzado estudios obligatorios, el peso de aquellos con estudios superiores pasa del 40%, lo que se traduce en una reducida aportación de la formación profesional o técnica, que se sitúa en escasamente entre el 25% y el 30% del total de la mano de obra (muy alejado del 60% de Alemania).

En Catalunya comenzamos a hablar de esas disfunciones educativas en el contexto de las necesidades que planteaba la nueva economía, a finales de los 90. Los retos planteados y las insuficiencias del sistema educativo para abordarlos adecuadamente se tradujeron en la incorporación de la educación al Pacte per la Internacionalització i la Competitivitat, impulsado por elconsellerAntoni Castellsy rubricado por patronales, sindicatos y el Govern en el 2005. Y aunque algunas de las medidas entonces propuestas se han instrumentado (por ejemplo, la sexta hora para la escuela pública o la progresiva incorporación de la docencia en inglés), quedaron muchos flecos pendientes que la ley de educación, aprobada en el Parlament en esta legislatura, intenta abordar.

En este contexto, hay que saludar como muy positiva la reciente promulgación del decreto que desarrolla un aspecto crítico de la nueva legislación: el de las competencias de los directores de la escuela pública. Su anuncio ya ha generado críticas de parte de los colectivos afectados, que acusan a esta nueva definición de la figura del director de provocar un retroceso a tiempos franquistas. No me parece que con comparaciones como esta avancemos. Por el contrario, creo que el debate debe centrarse en las razones que han exigido este cambio. Que no son otras que las de dotarnos de un sistema escolar de primer nivel, capaz de reducir, entre otros aspectos, las elevadas tasas de fracaso escolar y dotar a Catalu-

nya de un sistema educativo que nos permita competir mejor en ese mundo global que nos ha tocado vivir.

ElconsellerErnest Maragallha liderado un proceso del que, como ciudadanos que exigimos la mejor escuela pública, nos hemos de sentir orgullosos. Porque la nueva norma obliga a los directores a formarse en las tareas directivas, diseñar y aplicar un proyecto educativo para el centro, y proponer el perfil de profesorado que aquel exija, elegir directamente a algunos de los profesores (los interinos sustitutos), controlar la calidad de la docencia que se imparta en sus centros (vigilando si es necesario a los docentes en su función educativa) o sancionar faltas leves. Junto a estas modificaciones, dos cambios sustanciales destacan. Primero, la posibilidad de proponer que un profesor, interino o funcionario, sea expulsado del centro si no realiza adecuadamente su función, sanción que deberá ser aprobada por el Departament d'Educació. Segundo, la determinación de objetivos pedagógicos al inicio de su mandato y, a su término cuatro años más tarde, someterse a una evaluación exterior de la que depende su continuidad como director. Como el lector puede comprobar, un listado de funciones que cualquier padre de familia preocupado por la educación de sus hijos consideraría pertinente e imprescindible.

Un cambio como este es necesario tanto por el elevado número de jóvenes que hoy no finalizan adecuadamente la escolaridad como por las bajas tasas de escolarización de 16 a 18 años. Y ello porque los problemas de formación son, en lo económico, un despilfarro, y en lo social, una injusticia intolerable en un país avanzado.

Y en los últimos años hemos tenido ejemplos de las consecuencias de estas disfunciones. En la época de la expansión económica, cuando la falta de mano de obra adecuadamente formada ha tenido que cubrirse en parte con la inmigración. Y en la crisis, cuando el desempleo se está cebando en aquellos con menor nivel educativo: en el tercer trimestre del 2010, la distancia entre las tasas de paro de los activos sin estudios (del 34%) o con primaria (24%) respecto de los que tenían formación técnica (12%) o superior (8%) son suficientemente expresivas de la brecha social que generan las deficiencias de nuestra educación.

El fracaso escolar, y la baja tasa de escolarización posobligatoria, proceden directamente del ambiente familiar en el que se desarrolla el estudiante. Y por ello estas lacras se concentran en zonas donde existe menor capital cultural. Son, por encima de todo, la expresión de una grave, por injusta e ineficiente, quiebra del principio de igualdad de oportunidades. Dotar a los directores de los centros públicos de unas funciones que tienen los de la escuela privada y concertada puede no ser la solución de esta lacerante desigualdad, ni de la desventaja competitiva en la que nos sitúa. Pero aparece como una de las piezas esenciales para su remedio. Catedrático de Economía Aplicada (UAB).