La CMB siempre emerge

En otro tiempo, fue tabú recorrer una decisión del Parlament ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte de un partido catalanista. Casi todos los socialistas asumieron con una sonrisa de resignación el mayor castigo infligido por la mayoría pujolista al maragallismo: la supresión de la Corporación Metropolitana de Barcelona. Ahora ya es otra cosa, el 'procés' y su alegría legislativa anticonstitucional ha convertido el recurso al TC en una maniobra habitual, incluso para el PSC.

La CMB fue el primer intento serio de gobernar el "hecho metropolitano" desde la lógica local y a partir de una entidad administrativa creada en 1974. La desaparición de esta corporación, en el marco de las leyes territoriales de 1987, dio lugar a una gran batalla política entre dos concepciones de Catalunya o entre las exigencias específicas de la Barcelona real y las del conjunto del país. Entonces nacieron los consejos comarcales, toda una declaración del ideal político dominante.

El gobierno de la ciudad metropolitana siempre acarrea la aparición del temible fantasma de la Gran Barcelona. De eso se benefició el Gobierno Pujol. Los socialistas gobernaban el área metropolitana, con un par de alcaldías comunistas. Cuando la ejecutiva del PSC se planteó, a instancias del alcalde de Barcelona y presidente del organismo, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que enterraba la CMB, solo hubo dos votos a favor de la iniciativa, además del suyo. La mayoría alegó el inconveniente patriótico de debilitar a la Generalitat, recordando el conflicto de la ley de los contratos de Conreu de la época republicana. Los alcaldes metropolitanos disfrazaron su recelo ante un mayor poder de Barcelona apelando a las supuestas ventajas de una negociación bilateral con el Gobierno autonómico.

Intereses políticos

Aquel día, se rompió algo más que la confianza entre el primer secretario del PSC, Raimon Obiols, y el defensor del gobierno metropolitano, Pasqual Maragall. Se aceptó sin más la negación de la realidad impuesta por los intereses políticos de una determinada concepción del país. Luego se reconsideró en el Estatut del 2006 y la posterior ley del Consorcio del Área Metropolitana, aprobada en el 2010 por el segundo tripartito, para hacer frente a los problemas específicos de movilidad, medio ambiente, desarrollo económico y organización territorial de cuatro millones largos de catalanes.

Mariona Tomás, en su ensayo Gobernar la Barcelona real, describe los modelos existentes para hacer efectivo el derecho a la ciudad metropolitana sin caer en la tentación del simple predominio del gobierno de Barcelona sobre el resto de municipios o en detrimento de la identidad nacional; solamente una operación imprescindible para no perder capacidad de progreso para un área urbana de personalidad indiscutible. Nada que ver con Tabarnia, una formulación de oportunidad a partir de una circunstancia electoral coincidente en territorios simplemente vecinos. Poco más que el reflejo del proceso de decadencia colectiva.