La Constitución y los catalanes

Uno de los argumentos que ha utilizado el Gobierno español para cuestionar el soberanismo catalán es que Catalunya fue uno de los territorios donde más apoyo recibió la Constitución en 1978. Este hecho también ha sido recordado por solventes cronistas catalanes. Se trata, sin embargo, de un argumento frágil y contraproducente. No solo porque los cuerpos electorales catalanes de 1978 y del 2014 son muy diferentes. Sobre todo, porque el apoyo inicial a la Constitución estaba vinculado a unas expectativas que no se han visto satisfechas.

Saliendo del franquismo, una parte significativa de la opinión pública catalana era consciente de que la Constitución había sido redactada bajo la atenta vigilancia de los poderes fácticos franquistas. Sin embargo, el apoyo popular fue más que notable en términos comparativos. En parte porque la alternativa parecía la involución política. Pero también porque en el caso catalán concurrían dos singularidades. En primer lugar, Catalunya había sido el territorio en el que la sociedad civil antes había roto con la estética y la política franquistas. Y, en segundo lugar, ya diferencia del País Vasco, porque recuperada la Generalitat con el regreso del exilio del president Tarradellas en el 77, el catalanismo vio en la Constitución del 78 la posibilidad de consolidar y hacer evolucionar el autogobierno.

Es decir, el apoyo de Catalunya al texto constitucional estaba asociado a la idea de horizonte democrático y reconocimiento nacional como las dos caras inseparables de una misma moneda. No era un cheque en blanco; era una ilusión incierta que el tiempo había de confirmar. Es la frustración final de esta ilusión lo que explica la desafección mayoritaria y transversal que la Monarquía o la Constitución provocan entre la ciudadanía catalana de hoy. La sociedad catalana ya ha desconectado mayoritariamente del imaginario político representado por la Constitución. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Estamos en un punto de no retorno?

Los hechos que nos han llevado a esta situación son bien conocidos. La reacción recentralizadora no se hizo esperar demasiado. El 23-F y la LOAPA constituyeron el primer aviso serio. Pero durante unos años la habilidad táctica del president Pujol consiguió una especie de empate que mantenía abierta la partida: el autogobierno no avanzaba de manera satisfactoria, pero tampoco retrocedía. Esta situación empezó a torcerse en la segunda legislatura de Aznar y descarriló con el vía crucis del Estatut y la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. El choque de trenes, de legitimidades, fue la sentencia del Estatut. Más allá del análisis jurídico que se pueda hacer, la sentencia era clarísima delimitando espacios de soberanía, con una conclusión inapelable: tal como los catalanes nos vemos y nos definimos, no cabemos en la Constitución. Por ello, cada vez que el establishment político y mediático español utiliza la Constitución como arma arrojadiza contra las aspiraciones democráticas y nacionales de los catalanes se ensancha un poco más la distancia emocional entre Catalunya, el nacionalismo español y la Constitución.

Para responder a la cuestión de la reversibilidad de la situación habría que considerar dos hechos, como mínimo. En primer lugar, que el nacionalismo español se ha apropiado de la Constitución cerrando su interpretación en clave unitarista. Este proceso ha avanzado en paralelo a la hegemonía incontestable de la FAES en la actualización del ideario españolista. En este terreno, la izquierda española ya hace muchos años que va penosamente a remolque. Y en segundo lugar, que en el seno de la sociedad catalana se ha incubado una enorme desconfianza en el sistema político y económico español. Existe la convicción de que la relación no está basada en el reconocimiento mutuo y de que los pactos con los gobiernos de España suelen ser papel mojado. Esta combinación de desconfianza y desafecto ha coincidido con la crisis económica, la sistémica española y la convicción de que en la actual globalización no es viable la continuidad del proyecto catalanista sin garantizar la soberanía nacional propia de un Estado.

LA CONCLUSIÓN es que ya no hay solución que no pase por la expresión democrática directa de la voluntad de ser de los catalanes. Y que empezar a desandar el camino del desapego y la desconfianza pediría de entrada una oferta que partiera del reconocimiento nacional inequívoco de Catalunya. Los hechos ya son tan evidentes que acabará emergiendo alguna oferta. Si bien será demasiado tímida y llegará fuera de plazo. Nada hace pensar que Rajoy esté en condiciones de impulsar una relectura o reforma del texto constitucional que permita un encaje adecuado de las aspiraciones catalanas. Las cartas ya están repartidas.