El conflictivo precio del agua

Durante los años 90 en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) hubo un fuerte conflicto sobre los precios del agua. El movimiento protestaba contra aumentos considerados injustificados y excesivos. La intensidad del conflicto fue tal que se denominó la guerra del agua. El tema vuelve a ser conflictivo en Catalunya ante los fortísimos aumentos de los últimos años que han seguido a los avances en la privatización del sector.

Hay muchos argumentos para defender que el agua no debería ser un negocio privado sino un servicio de titularidad pública. Pero las decisiones políticas han ido en sentido contrario. La empresa de distribución de agua en alta ATLL fue privatizada en una operación que ha resultado un fiasco que amenaza costar millones de euros al presupuesto público. Y en el AMB se perdió una ocasión importante para municipalizar el servicio (como sí se hizo hace unos años en París) y la distribución a nivel doméstico es muy mayoritariamente privada. Se trata de un tipo de servicio que los economistas llaman "monopolio natural", que por sus propias características no permite la competencia de varias empresas sin disparar mucho los costes. Para decirlo de forma simple: no es eficiente que coexistan varias redes de tuberías que lleguen a los mismos lugares.

Todo el mundo entiende que los precios libres para una empresa que monopoliza un recurso tan esencial serían totalmente abusivos y con devastadoras consecuencias sociales (como ha ocurrido en muchos lugares del mundo). A pesar de la titularidad básicamente privada, la Administración local tiene gran capacidad de regulación sobre los precios que aprueba cada año. Pero capacidad de regulación no significa que se ejerza de la forma más adecuada.

Regulación de precios

Una regulación activa al servicio de los ciudadanos debe considerar un doble aspecto. Primero, limitar al máximo los beneficios de la empresa privada controlando que los costes declarados sean justificados y no escondan ni una gestión ineficiente ni beneficios ilegítimos escondidos. Habitualmente la regulación se limita a dar por buenos los costes declarados de las empresas sea por inercia o, aún peor, por lo que se llama "captura del regulador" (que el regulador no defienda los intereses públicos sino los de la empresa). Cuando esto ocurre las empresas no tienen ningún incentivo para ser más eficientes (¡la supuesta lacra de las empresas públicas!) Y pueden presentar como costes lo que son beneficios escondidos como cuando la empresa contrata servicios a precios inflados a empresas subsidiarias.

El segundo aspecto, extremadamente importante, es que la regulación de precios debería incidir activamente no solo en los precios medios cobrados por las empresas sino en la estructura de precios. Una adecuada aproximación socioambiental a la política tarifaria debería diferenciar claramente entre, por un lado, los consumos básicos, imprescindibles para una vida digna, un derecho humano según Naciones Unidas, y, por otro lado, los consumos prescindibles por los que es bueno que los precios incentiven el ahorro. No se trata de subvencionar en general el uso del agua sino que los consumos básicos sean accesibles a precios muy bajos, que los que más consumen paguen mucho más y, ante todo, que no se corte el suministro a nadie con dificultades para pagar.

¿Cómo concretar estos principios? En primer lugar, se deberían reducir al máximo los componentes fijos, que se pagan independientemente se consuma poco o mucho, ya que no incentivan el ahorro y penalizan a los que consumen poco.

Una posible fórmula sería hacer pagar una pequeña cuota (excepto aquellos en dificultades de pago) Que dé derecho a consumir una cantidad per cápita mensual muy básica sin costo adicional y, a partir de ahí, ir incrementando los precios en medida que el consumo per cápita se aleja del básico. Este sistema de "bloques crecientes" ya se aplica en el AMB pero en la práctica los precios por metro cúbico a veces son más elevados para familias con bajos consumos per cápita que para familias con consumos mayores por los efectos de una cuota fija elevada, una insuficiente diferenciación de tarifas entre consumos básicos y consumos elevados y sobre todo de no considerar el número de personas que viven en el hogar al definir los bloques tarifarios (excepto para familias de más de tres miembros que pueden solicitar la ampliación de los bloques).

Los detalles sobre cómo implantar tarifas más adecuadas social y ambientalmente se deben estudiar y debatir de forma transparente y aprendiendo de buenas experiencias como las de Sevilla y Arenys de Munt donde se aplican tarifas que tienen en cuenta el número de personas que viven en el hogar.

Catedrático de Economía de la UB.