Con Erdogan o con el Estado de derecho

España y Turquía, como tantos otros países, son víctimas de la barbarie terrorista. Hace pocos meses el ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, defendía en Madrid ante su homólogo turco, Mevlüt Çavusoglu, la necesidad de mantener la lucha antiterrorista "en el marco del respeto al Estado de derecho, los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia, y los derechos y libertades fundamentales".

Pues bien, este es el momento de ver si las palabras del ministro eran solo eso, palabras, o si el Gobierno está realmente dispuesto a aplicarlas. España debe decidir si cede a la petición de Ankara de extraditar a un escritor y a un periodista turcos, a Dogan Akhanli, que fue detenido en Granada y ahora está en libertad a la espera de la sentencia, y a Hamza Yalçin, detenido en el aeropuerto de Barcelona cuando se dirigía a Londres, que sigue en prisión.

Ambos perseguidos tienen en común que son disidentes del régimen autoritario instaurado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Los dos llevan años viviendo en el exilio y se les acusa de vinculaciones terroristas. Akhanli tiene un largo historial de defensa de las libertades. Ya las había defendido bajo el régimen militar en los años 80, lo que le valió dos años de cárcel. Y bajo el actual Gobierno se atreve a calificar de genocidio, que es lo que en realidad fue, la matanza de armenios bajo el Imperio otomano, algo que ningún gobernante turco, y menos el actual presidente, está dispuesto a aceptar.

La pena de muerte

Sobre Yalçin pesan dos condenas a muerte y, aunque la pena capital fue abolida en Turquía, Erdogan amenaza frecuentemente con reimplantarla. El periodista es acusado de pertenencia a banda armada y de terrorismo por dirigir desde Suecia, donde vive, una publicación 'on line' en turco, crítica con el Gobierno.

Se da la circunstancia de que ambos perseguidos tienen, además de la turca, la nacionalidad de países de la Unión Europea. En el caso de Akhanli, es la alemana, y en el de Yalçin, la sueca. Si España concediera su extradición se daría el muy alarmante caso de que un país miembro de una Unión que lleva en su adn la defensa del Estado de derecho y de las libertades fundamentales, cede ante un Gobierno que centra su política y su permanencia en el poder en la violación de dichas libertades, confundiendo arteramente terrorismo y disidencia.

Turquía es hoy la mayor cárcel de periodistas del mundo. Desde el fallido intento de golpe de Estado de julio del pasado año el país vive bajo el estado de emergencia. Con la excusa de la lucha antiterrorista, hay más de 150 periodistas encarcelados y se han cerrado 200 medios, grandes y pequeños. A finales de julio tuvo lugar un juicio contra 17 periodistas y directivos del diario ‘Cumhuriyet’, el más antiguo del país, que ha revelado varios escándalos del régimen de Erdogan.

¿Defenderá España los principios y derechos a los que aludía Dastis ante su homólogo o se hará cómplice de un régimen autoritario y personalista como el de Erdogan? Y otra pregunta, ¿seguimos en aquello de la Alianza para las Civilizaciones, promovida por España y Turquía?