Competición

La legalidad ha sido el escudo tras el cual se ha parapetado el Gobierno español para evitar encarar políticamente la cuestión catalana. Una legalidad tratada como un objeto más sagrado que la misma religión: hasta el dogma y la liturgia han sido modificados en concilios, encíclicas, reformas y contrarreformas. Ya nos podíamos imaginar que el derecho era una excusa después de ver registros sin orden judicial, flagrantes vulneraciones de libertades, jueces actuando en función de la agenda política del Parlament, informes policiales dignos de los premios literarios mejor dotados y peticiones de extradición que siembran la duda por toda Europa. Diciendo que la ley era lo que no permitía debatir el trazado de las fronteras peninsulares, lo que nos querían decir era que no tenían ninguna intención de revisarla para hacerlo posible, por si acaso la democracia alterase lo que las guerras habían sellado.

Malabarismos del PP, atrapado por la ley

Con esta competición que hay en Madrid para ver quién tiene la bandera más grande -el tamaño importa- se vuelve a evidenciar esto que exponíamos. La aprobación en el Senado de la aplicación del antidemocrático artículo 155 establecía que la intervención desaparecía una vez se hubiera formado un nuevo Ejecutivo en Catalunya. Puesto que lo hicieron pensando que los resultados electorales serían otros, ahora amenazan con alargarlo vulnerando las reglas del juego que ellos mismos fijaron. Las ultimas noticias de la prensa madrileña nos cuentan que el Gobierno español está haciendo auténticos malabarismos, atrapado entre la ley que dice defender y la excitación nacionalista riverista, para evitar la publicación en el 'Diari Oficial de la Generalitat' del nombramiento de unos 'consellers' que no son de su gusto.

Mientras, en Catalunya, los partidos políticos independentistas también se miran de reojo. Durante la campaña del pasado diciembre se subió el volumen de la música como si nada hubiera pasado desde octubre hasta entonces. De esta forma, a lo largo de unas semanas la batalla propagandística se centró en ver quién pagaba el precio de unas promesas electorales de difícil cumplimiento inmediato en aquellas circunstancias, ya fuese la restitución del 'president' Puigdemont o la implantación de un Estado independiente. Ahora, los mismos que pedían al presidente del Parlament que se inmolara por una investidura sin efecto, no reclaman al secretario del Govern que se tome el derecho de publicar el nombre de los 'consellers' sin el beneplácito de Rajoy, a pesar de que entre sus funciones está la de "velar por la correcta publicación de las disposiciones y actas en el 'DOGC'". En esta falta de exigencia seguramente tiene algo que ver el hecho que sea de su mismo partido. Y conforme pasa el tiempo cada vez es más evidente la necesidad de replegarse para repensar cuándo y cómo se hará posible la voluntad de la mayoría democrática de la ciudadanía de Catalunya. Si el griterío de las aficiones del campeonato lo permite.