Como un golpe en la rodilla

La expresión «precintar una escuela», como concepto, hace estremecer. Soltar una ocurrencia de estas características en un momento de tensión institucional como el que estamos viviendo es un despropósito, una insensatez y una desmesura en términos jurídicos y democráticos. Las escuelas no se cierran. Se abren. Y cuantas más, mejor. Una escuela solo podría cerrarse si un juez entendiera que en ella se comete un delito y para salvaguardar la integridad de los alumnos y de la comunidad educativa. Cualquier otra insinuación de este tipo es una amenaza intolerable e indigna en un Estado de derecho.

DELIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

La convocatoria de un referéndum por el Govern de la Generalitat, sin acuerdo ni base jurídica suficiente, lo puede convertir en ilegal. Incluso podrían llegarse a exigir responsabilidades a quienes lo hicieran contraviniendo la normativa vigente y en abuso de competencia. Acabamos de ver como Mas, Ortega y Rigau se enfrentan por ello a una pena de inhabilitación. Pero volviendo al referéndum previsto para este año, nadie puede pretender extender esa sospecha de criminalidad a todos aquellos ciudadanos que, de buena fe, participen en su celebración. Las consecuencias de una convocatoria ilegal deben ceñirse exclusivamente a los responsables políticos y a los cargos públicos que se extralimiten en el ejercicio de sus atribuciones. Y alguien debería haberse dado cuenta de que, llegados a este punto, el problema ya no es de legalidad, sino de legitimidad.

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Es una atrocidad que el Estado insinúe que va a impedir físicamente la celebración de una consulta con el uso de la fuerza. No se trata de que intente obstaculizarla o sabotearla utilizando todos los medios que tenga a su alcance, porque votar no es ilegal. No cometen delito quienes, hipotéticamente, puedan participar en el referéndum, aunque este haya sido convocado sin autorización. La principal debilidad de esta consulta es su déficit de legitimidad: porque si se convoca sin amparo legal la participación será menor, ya que no todos los ciudadanos van a sentirse interpelados para ir votar; ni estarán aseguradas todas las garantías democráticas exigibles para su celebración, y sin todo ello tampoco va a poder gozar de reconocimiento internacional.

UNA RESPUESTA IRRACIONAL 

Por eso la reacción del Gobierno de precintar escuelas ante la celebración de un referéndum en Catalunya parece más bien un acto reflejo, una respuesta instantánea e irracional, como cuando a alguien se le golpea en el ligamento rotuliano. Un aspaviento que demuestra una falta de sensibilidad y de capacidad negociadora muy preocupante. Y a la vez refleja una improvisación temeraria impropia de un Gobierno democrático que debería estar preparado para afrontar, con sensatez, un problema territorial tan complejo como este. No se puede responder a un desafío político de estas características criminalizando a toda una sociedad y amenazando con cerrar escuelas por orden gubernativa. Parece una obviedad, pero demuestra que en algún momento alguien debió saltarse más de un día de clase.