Cemento en los pies

En España las grandes constructoras comen aparte. La semana pasada un juzgado acordó disolver las dos sociedades de la autopista de peaje de Barajas propiedad del grupo OHL por quiebra. Acumulan una deuda de 550 millones. El juez no ha admitido ninguno de los convenios de acreedores y se activa el pago de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la RPA. Recuerden estas siglas, porque van a ser las que nos van a terminar de arruinar.

Porque ahí está la diferencia entre un gran constructor y usted. Ellos trabajan sin riesgo. Los seres superiores logran contratos en concursos públicos por un importe que en caso de desviación posterior al alza (cosa que pasa casi siempre) van a cobrar sin problemas. Si la autopista de Barajas fuera negocio, los seres superiores la seguirían explotando. Si no lo es, nosotros les pagamos el resbalón. Y todo es legal porque así lo pusieron en los contratos nuestros políticos. RPA. Ellos no hicieron un plan de viabilidad honesto ni razonable, pero sí una ley según la cual, en caso de resolución, tenemos que abonar al concesionario las inversiones hechas para explotar la obra objeto de concesión. Así de bestia. Si va mal, cobran pagando nosotros, y si va bien, cobran más.

Previsiones hinchadas

Las radiales y autopistas que el Gobierno quiere rescatar para no afrontar ahora el gasto suman ya deudas de más de 4.500 millones, y en caso de ser liquidadas hoy el desembolso sería muy superior. O sea, que si los jueces siguen acordando su disolución nos hundimos. Y si no lo hacen ahora, la deuda latente irá aumentando. Esas autopistas nunca iban a ser un negocio en sí mismas. Las previsiones de tráfico estaban hinchadas. El negocio era hacerlas: el cemento y la expropiación previa de los terrenos. ¿Se acuerdan del Proyecto Castor y los más de 1.350 millones de euros que pagamos a la ACS de Florentino Pérez como indemnización sin litigar por un fiasco monumental orquestado por varios gobiernos? Son 1.350 millones que se nos repercutirán en la factura del gas los próximos 30 años.

Qué torpes son nuestros políticos a la hora de hacer contratos de obra pública, ¿verdad? Ellos, que nunca tienen tratos ocultos con las grandes constructoras, esas compañías que hasta hacen donativos a las fundaciones de los partidos por amor a sus ideas de transformación social. ¿Quién las puede acusar de nada? ¿Y quién, a nuestros políticos, de cobrar comisiones por la adjudicación de obra pública? Cuando alguien lo insinúa aparecen hasta las banderas, siempre tan útiles. Imagínense cómo era el tejemaneje entre políticos y constructores en esto de las radiales y otras autopistas ruinosas, que mientras unos firmaban nuestra miseria futura los otros se llevaban el negocio sin poner ni el dinero, ya que la RPA era la garantía para que los bancos lo anticipasen. Aguanten la respiración. Pronto tendremos que intentar nadar con cemento en los pies.