'Caso Valtònyc': conducir en dirección contraria

El 'caso Valtònyc' promete una nueva desautorización internacional de la justicia española. Y los casos se van acumulando de tal manera que el mismo juez Pablo Llarena ha creído necesario pedir amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Como era previsible, el CGPJ se ha alineado de forma casi unánime con el magistrado del Tribunal Supremo. La única vocal que votó en contra, Concha Sáez, ya ha notado las presiones de Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, como respuesta a tamaño atrevimiento. Un Lesmes de expresión adusta que parece escapado de un cuadro de El Greco.

En fin, cada vez que la cúpula judicial española recibe reveses judiciales en Europa me viene a la memoria un chiste que creo recordar que explicaba Eugenio. La historia es breve. Un borracho conduce en dirección contraria por una autopista y, sorprendentemente, lleva la radio conectada. De repente, oye como la programación ordinaria se interrumpe para avisar de manera urgente que un coche conduce en dirección contraria por una muy transitada autopista. El conductor alcoholizado abre los ojos y con total incredulidad grita: "¿Solo uno?... ¡Cientos!". Eso es, más o menos, lo que ocurre con la politizada cúpula judicial española. No dan crédito al hecho de que toda la Europa de tradición democrática vaya en dirección contraria en lo que se refiere a la judicialización de la política y el cercenamiento de libertades tan básicas como la de expresión. Cuando descubres atónito que toda Europa circula en dirección contraria, solo tienes una salida razonable: reconocer que quizá eres tú el que no circula en el sentido adecuado. La otra opción es más castiza, aunque menos inteligente: 'Sostenella y no enmendalla'. No es preciso tener ningún don adivinatorio para saber que la cúpula judicial española optará por la segunda opción. Genio y figura hasta la sepultura…

Los argumentos de la defensa del rapero reinciden en la lógica que ya ha forzado la retirada de las euroórdenes contra los políticos catalanes exiliados: no existe la doble incriminación necesaria para la extradición. Aún más, los hechos de los que está acusado Valtònyc no son delictivos, puesto que están amparados de manera muy clara por la libertad de expresión. En esta línea, existe el precedente de la sentencia de marzo del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que condenó al Reino de España por haber multado a dos jóvenes catalanes que habían quemado fotos del rey emérito.

Más allá de como acabe el procedimiento cuando el tribunal belga lo examine de manera definitiva el 3 de septiembre, el 'caso Valtònyc' es sintomático de dos hechos muy graves. En primer lugar, el retroceso experimentado en los últimos años en España en materia de derechos y libertades básicas. Y, en segundo lugar, la politización de la cúpula judicial española. Los gobiernos de Mariano Rajoy apostaron por judicializar la política. Ahora, una justicia politizada, y con el piloto automático conectado, es parte principal del problema. Mal asunto.