Cannabis: más oportunidades perdidas

Hace pocos días se anunciaba la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Estado contra la ley de universalización de la asistencia sanitaria, aprobada por el Parlament de Catalunya, para asegurar un derecho fundamental: el acceso a los servicios sanitarios de toda la población de Catalunya. El afán recentralizador, homogeneizador y uniformador del Gobierno del PP no solo está presente en cuestiones trascendentes -de valores-, sino también en temas que intentan dar respuesta a problemas sociales persistentes.

Así ocurre con la ley 13/2017 de las asociaciones de consumidores de cannabis, fruto de una iniciativa popular, aprobada por el Parlament con solo los votos en contra del PPC. En otoño del mismo año, el Gobierno español la recurría ante el Tribunal Constitucional, lo que produjo su suspensión automática desde la fecha de interposición del recurso. El mismo tribunal comunicaba recientemente (21 de marzo de 2018) un auto que prorrogaba la suspensión de esta ley.

Como bien dice el preámbulo de la ley, las políticas prohibicionistas y represivas hacia el consumo de cannabis han propiciado la existencia de un mercado clandestino de esta sustancia sin ningún control de calidad, y una falta absoluta de información al consumidor sobre las propiedades del producto. También han generado un entorno que dificulta el conocimiento y la aplicación de políticas de salud pública orientadas a minimizar los riesgos y reducir los daños que se derivan del consumo de cannabis. La ley contempla también sanciones por infracciones en su cumplimiento y crea una comisión de seguimiento como órgano asesor del Departament de Salut, con el objetivo de evaluar su aplicación y sus efectos, así como proponer disposiciones para desplegarla y aplicarla.

Experimentos naturales y análisis comparativos

El recurso del Tribunal Constitucional no solo suspende la ley, sino que priva de ensayar la implementación de unas medidas, bien estudiadas, que podrían dar salida a una situación que, tal como está ahora, no satisface a nadie. Las políticas públicas -y la ley suspendida es un claro ejemplo- deben fundamentarse en estudios que demuestren su efectividad y eficiencia. Es a través de estos experimentos naturales (medidas aplicadas en un territorio, pero no en otros), de análisis comparativos con otras medidas y/o territorios, que se podrá demostrar la solidez de las políticas públicas y, de acuerdo con sus resultados, se podrá considerar su extensión a otros contextos. Es lo que se llama políticas basadas en pruebas.

Pero eso desde el Gobierno no lo pueden entender, ya que la experimentación social supone un reto en el estado actual de las cosas (statu quo). No caen en que no hacer nada es también una alternativa, pero esta sabemos, por experiencia, que no nos lleva a ninguna parte, a ninguna mejora social.