ANÁLISIS

Candidatos en prisión

Cuano no hay delito, difícilmente se justifica una privación de libertad

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont e Inés Arrimadas, en una imagen de archivo.

Oriol Junqueras, Carles Puigdemont e Inés Arrimadas, en una imagen de archivo. / periodico

JORDI NIEVA FENOLL

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El auto del magistrado Llarenamagistrado Llarena tiene un recorrido argumental impecable en el que se razona de manera valiente que no existe riesgo de fuga de los imputados y que es ya muy escaso el riesgo de destrucción de pruebas. Sin embargo, cuando se pasa a valorar el tercer riesgo que cabe conjurar con la prisión provisional -el de reiteración delictiva-, la argumentación, pese a ser detallada y en su mayoría prudente, se hace mucho más discutible.

Se basa casi toda ella en un informe claramente apócrifo y a ratos simplemente ridículo -el informe enfocats-, que los investigadores encontraron en septiembre en casa del antiguo secretario general de Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat. Ese informe dibuja al parecer una estrategia de movilizaciones, interlocución internacional y creación de opinión ciudadana tendente a trasladar el conflicto político a toda la sociedad, provocando de ese modo una reacción del Estado para conseguir una negociación.  

Aunque el auto de Llaneras no es político, sí tiene trascendencia política: uno de los más importantes candidatos no podrá participar en la campaña electoral

Estrategia política

Todo ello no es delito, y así viene a reconocerlo el auto. Es simple estrategia política compartida con unos u otros fines por cualquier partido o grupo social. Pero se dice también que pese a que el carácter de las movilizaciones ha sido siempre esencialmente pacífico, se empezaban a observar comportamientos que permitían aventurar un posible estallido de la violencia. El propio auto dice que el riesgo no se puede aventurar por augurios o presentimientos, sino que debe estar basado en datos objetivos. Pero dichos datos se sacan sobre todo del malhadado informe, así como de otra hipótesis: que la movilización frente al Departament de Economia -la que llevó a prisión a los Jordis- permitía augurar violencia futura, pese a que el propio magistrado reconoce el carácter pacífico de dicha movilización.

Se intenta reforzar toda esta débil argumentación deslizando, finalmente, una idea excesivamente controvertida, especialmente en el plano internacional: que la violencia del referéndum del 1-O habría partido de la ciudadanía. Quizá todo lo dicho sea excesivamente endeble como para sustentar algo tan sumamente grave como la violencia de una rebelión.

Por último, en el informe se citaba como directores de la estrategia descrita a Oriol Junqueras y los Jordis, motivo por el que se les mantiene en prisión, a parte de por haber dirigido los Jordis a los ciudadanos en la mencionada movilización ante el departamento de Economia, estando presente Junqueras. Además, se infiere pasividad -que algún día habrá que demostrar realmente si la hubo o no- de los Mossos d’Esquadra, y por ello se mantiene también la prisión de quien fuera 'conseller' de Interior.

Carencias argumentativas

Dicho todo lo anterior, debo subrayar que el auto ni es ni pretende ser político, sino netamente jurídico, aunque con algunas carencias argumentativas que debieran ser resueltas probablemente en sentido contrario a la prisión. Pero aunque el auto no es político, sí tiene trascendencia política: uno de los más importantes candidatos -precisamente el que las encuestas señalan como más votado- no podrá participar en la campaña electoral. Y no podrá participar más bien por lo que supone el uso que hizo desde su cargo, y no por lo que podría hacer si volviera a ocuparlo, porque para ello habría que esperar a que ganara las elecciones y la votación de investidura. Y es que las privaciones de libertad no deben juzgarse -como afirma el propio auto- por futuribles, sino por realidades presentes, que hoy no se dan. 

Hay que tener en cuenta, además, que la declaración de independencia no fue tal, sino que se banalizó por los mismos que la protagonizaron. Y esos mismos actores fueron los que correctamente no opusieron ni la más mínima resistencia a la intervención estatal de la autonomía. Es más, la facilitaron, comenzando por el único cuerpo armado de la autonomía. No se quedaron en sus puestos intentando ejercerlos ni llamaron a movilizaciones violentas a la ciudadanía, sino todo lo contrario. Recientemente parecen haber aceptado todos la persecución de sus objetivos políticos por vías estrictamente legales. La reiteración delictiva, en estas condiciones, es difícilmente imaginable.

Se puede sentir repulsión por ese objetivo político y por el contrario. Se puede alarmar uno personalmente oyendo o viendo a los defensores del mismo. Pero nada de ello justifica que eso que se rechaza sea delito. Y no habiendo delito, difícilmente se justifica una privación de libertad.