En Bruselas, las compañías primero

La Comisión Europea ha vuelto a proponer esta semana extender 18 meses la licencia de comercialización en la Unión Europea (UE) del herbicida glifosato, a pesar de los numerosos estudios científicos independientes que llevan años alertado sobre su enorme toxicidad, de que la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) calificara el compuesto químico de "probable cancerígeno" en marzo del 2015 y de que ocho países europeos rechaza prolongar la licencia que expira en junio. El glifosato es el elemento activo de la mayoría de herbicidas, como el Roundup de Monsanto o los similares de Syngenta, Bayer, BASF, Dupont y Dow Agrosciences.

Es un nuevo ejemplo de cómo la Comisión Europea antepone los intereses de las grandes compañías a la salud de los europeos, así como de la dudosa imparcialidad de los informes que emite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debido a los vínculos de sus miembros con la industria agroquímica.

Ya en el 2009 un estudio realizado por el equipo de biología molecular de Gilles-Eric Seralini de la Universidad de Caen demostró que los supuestos ingredientes inertes que acompañan al glifosato en los herbicidas, como el polioxietil amina (POEA), son muy dañinos para las células humanas. Stephanie Seneff del Massachusetts Institute of Technology (MIT), por citar solo otro ejemplo, también alertó en el 2013 de los graves peligros para la salud que supone la exposición al Roundup y sus compuestos a través del consumo de alimentos procedentes de cultivos tratados con el herbicida, con el riesgo de desarrollar cáncer, infertilidad y Parkinson.

Un informe denunciado

La Comisión Europea basa su defensa del herbicida en un informe de la Autoridad Europea Seguridad Alimentaria (EFSA) que estima "improbable" que sea cancerígeno. Pero ese informe ha sido denunciado como deficiente y tendencioso por diferentes científicos, que acusan al organismo de "deliberadamente" no tener en cuenta los numerosos estudios que revelaban la toxicidad del herbicida, devaluar sus conclusiones, reinterpretar las pruebas a su manera y basarse principalmente en los estudios realizados por los propios fabricantes del herbicida.

Los interminables conflictos de interés de los miembros y expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria por sus vínculos con la industria bioquímica y alimentaria son denunciados desde hace años por las organizaciones sociales y los medios de comunicación y cuestionan la credibilidad e independencia de sus informes sobre la salubridad de alimentos, piensos, sustancias y organismo genéticamente modificados.

Solo unos ejemplos: los miembros clave de los paneles que evaluaban la seguridad de los transgénicos para su autorización en 2009, 2010 y 2011 tenían vínculos con la industrias del sector, la directora Diána Bánáti tuvo que dimitir en el 2012 por simultanear el cargo con otro puesto en una entidad financiada por la industria agroalimentaria y en el 2014 se descubrió que el 54% de los científicos del organismo trabajando sobre el impacto de los pesticidas con los alimentos tenían vínculos con el sector.

Los conflictos de interés aparecen también en aditivos, límites de toxicidad, alimentos, piensos, azúcar, edulcorantes, interruptores hormonales... La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O'Reilly, en una nueva reprimenda al organismo, concluyó en el 2015 que "la EFSA debe revisar sus normas sobre conflictos de interés".

Condena en el 2015

Los interruptores hormonales o endocrinos es otro caso en el que la Comisión Europea ha antepuesto los intereses de la industria química a la salud del ciudadano. El Ejecutivo comunitario fue condenado en diciembre del 2015 por el Tribunal de Justicia de la UE por "violar la ley" y retrasar la normativa sobre interruptores hormonales, sustancias químicas que dañan el sistema endocrino y favorecen el desarrollo del cáncer y numerosas enfermedades. Estos disruptores hormonales están presentes en los herbicidas, los alimentos y los objetos de la vida cotidiana (desde de productos de higiene, a ropa, plásticos, juguetes y moquetas).

La Comisión Europea estaba obligada por la directiva de biocidas a establecer los criterios para identificar y prohibir los disruptores hormonales antes del 13 de diciembre del 2013. Pero el anterior Ejecutivo comunitario presidido por José Manuel Durao Barroso bloqueó la elaboración del reglamento para hacer antes un estudio del impacto económico de la prohibición de las sustancias. Ahora, la Comisión Europea asegura que presentará una propuesta este junio.