Al borde del precipicio

La gran mayoría de los delitos que se cometen en México quedan impunes, por acción u omisión. Durante años los clanes criminales de la violencia han rivalizado con el conjunto de la sociedad mexicana para acabar imponiendo un régimen de terror que se sirve de un sistema de redes clientelares corruptas que han alcanzado de lleno al Estado de derecho y a sus instituciones.

Las complicidades del crimen organizado con la política y la justicia han sido denunciadas de forma reiterada sin que se haya producido una reacción contundente y eficaz que logre minimizar su influencia a partir del combate sobre las causas que originan este fenómeno aberrante. México está al borde del precipicio, si es que algunos de sus valores de convivencia social no se precipitaron ya al abismo.

El caso de los seis jóvenes y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas -escuela en la que adquieren su formación futuros maestros de enseñanza primaria con vocación de servicio a sus comunidades campesinas de origen- logra poner en cruda evidencia la práctica totalidad de ingredientes tenebrosos ocultos que hasta ahora permanecían en ese silencio propagado por la generación del pánico.

Lo ocurrido el 26 de septiembre en la ciudad de Iguala tiene tanta gravedad que el gobernador del estado dimitió el 23 de octubre; la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto disminuyó en picado y se suspendió el desfile del 20 de noviembre conmemorativo del 104 aniversario del inicio de la Revolución.

PROTESTAS PÚBLICAS

Son cientos de miles los ciudadanos que mantienen sus protestas públicas en todo el país y casi la mitad de los 81 ayuntamientos del estado de Guerrero han sido ocupados por organizaciones sociales; mientras el Gobierno Federal se ha visto obligado a rediseñar sus políticas de seguridad.

Pero también, con las últimas detenciones de este pasado viernes, son ya 60 los policías municipales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes, además de estar en prisión el exalcalde de Iguala y su esposa bajo acusación de secuestro, homicidio calificado e integración de una red organizada de delincuentes.

A partir del 2009, las ciudades mexicanas de Acapulco, Chihuahua, Durango, Juárez y Torreón se habían situado entre las 10 más violentas del mundo atendiendo al número de homicidios diarios. La terrible lista de actos de violencia macabra, con brutalidad extrema, es muy larga en México.

Pero nunca antes, en ningún caso, se está expresando un nivel de hartazgo social tan vehemente como en este de los 43 estudiantes de Iguala, con tanta repercusión interna y mundial. Tal vez alimentara las llamas del fuego una torpe expresión pronunciada, ni más ni menos, por el procurador general federal, Jesús Murillo Karam, aquel viernes 7 de noviembre pasado, cuando en voz baja murmuró: «ya me cansé», en rueda de prensa y en respuesta a una última pregunta de un periodista.

REDES SOCIALES

Las redes sociales transformaron de inmediato el #YaMeCansé del procurador en el hashtag , en lema de protesta general tras lograr el trending topic mundial.

La credibilidad de las fuerzas políticas se ha debilitado y dañado. En caso de no tomar medidas creíbles excepcionales, ante una situación límite que necesita de una catarsis, el riesgo mayor radica en que la legitimidad democrática se vea seriamente erosionada ante un escenario previsible con representantes institucionales elegidos con un porcentaje de participación muy inferior al 40% del total de electores.

Lo ha expresado con lucidez intelectual el escritor y colaborador de EL PERIÓDICO, Juan Villoro: «México es el país de Pedro Páramo, donde los muertos tienen más vida que los vivos. Un país en descomposición donde se ha producido una saturación emocional de indignación, que ha ganado la empatía de la gente. Ahora el problema es cómo convertirla en una consecuencia política que se enfrente al descrédito». Esa es la incógnita pendiente de resolver, antes de que sea tarde.