La casa por el tejado

Desgraciadamente el refrán popular 'empezar la casa por el tejado' se puede aplicar con frecuencia a las políticas sociales. A menudo se impulsan medidas que funcionan como parches de dudosa efectividad ante situaciones que requerirían abordajes globales. Uno de los temas que sin duda necesita de un tratamiento multidimensional es la vivienda —especialmente en el ámbito urbano—, vinculada a la segregación socioespacial o gentrificación, y relacionada directamente con la especulación inmobiliaria.

A pesar de la importancia de tomar medidas con respecto a la vivienda y de situarla en el eje de los derechos sociales, vemos cómo, de manera general, se legisla bajo la preeminencia del derecho a la propiedad, un derecho que en nuestra sociedad parece estar por encima del resto. En esta línea, recientemente la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición de ley para acelerar el proceso de desalojo de viviendas ocupadas. Se trata de una iniciativa legislativa no exenta de polémica.

Falta de garantías

El objetivo es acelerar los plazos para poder echar a las personas que ocupen la vivienda de forma ilegal. La intención es luchar contra las mafias que ofrecen estos pisos de manera ilegal y sacan rendimiento económico. La propuesta de ley, presentada por el PDECat, recibió el apoyo del PP, Cs y el PNV, mientras que PSOE, Podemos y ERC votaron en contra aduciendo la falta de garantías de realojamiento de las familias en situación de vulnerabilidad y la escasa concreción de la propuesta de regulación en cuanto a los extorsionadores.

Es evidente que se debe proteger la vivienda de la ocupación y que la existencia de mafias que obtienen un rendimiento de esta grave problemática es un hecho a corregir. Ahora bien, creemos que el tema de la vivienda afronta muchos más problemas, que pasan por controlar los precios de alquiler y de venta, redefinir los derechos de las personas arrendatarias, garantizar la vivienda social, regular los precios de los suministros y combatir especulación, entre otros. Un estudio del Institut Cerdà de 2017 señala que en Catalunya se podrían cifrar en 230.000 pisos las necesidades de vivienda social y destaca que en España las viviendas ocupadas representan el 0,34% del total (de estos solo el 10-15% son identificados como "problemáticos", según un informe reciente del Observatori DESC en coordinación con diversas organizaciones).

Por otra parte, debemos destacar que la ley no prevé una alternativa habitacional real para las personas que sean desalojadas, si bien contempla la comunicación a los servicios sociales por si fuera necesaria su actuación. También se especifica la necesidad de crear protocolos de coordinación y un registro sobre el parque de viviendas sociales disponibles. Medidas que de momento encontramos sobre papel y que tendremos que ver cómo se concretan.

Más allá de un planteamiento parcial, insistimos en la necesidad de ampliar el parque público de viviendas de alquiler social, promover una reforma de la ley de arrendamientos urbanos, recoger las propuestas del Sindicat de Llogaters y replicar modelos europeos de éxito como los de París y Berlín. Todo ello si queremos hablar, claro, del derecho a la vivienda. ¿O era solo a la propiedad privada?