El tiempo del silencio se acabó

Lo que no se cuenta, no existe. Y si al silencio sumamos la ausencia de datos estadísticos, la realidad se hace invisible.

De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia de género afecta, en términos globales, al 35% de las mujeres del mundo. En 32 países no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. En América Latina, la región con mayores tasas de feminicidios, más de 60.000 mujeres son asesinadas cada año. La situación no es mucho mejor en la Unión Europea. Según datos de Amnistía Internacional, nueve millones de mujeres han sido violadas después de los 15 años. Además, según la Agencia Europea para los Derechos Fundamentales, el 43% de las mujeres de la UE ha sufrido algún tipo de violencia psicológica por parte de una pareja a lo largo de su vida.

En el seno de la UE, solo seis países (Alemania, Bélgica, Chipre, Irlanda, Luxemburgo y el Reino Unido) basan sus definiciones de violación en términos de no consentimiento. Los más adelantados en materia de igualdad, como Islandia, Suecia, o Finlandia, están aún en proceso de incorporar a sus legislaciones esta definición. Todo ello a pesar de que la mayoría de los estados miembros de la UE ha ratificado el convenio de Estambul -el marco jurídico internacional más avanzado en términos de prevención y lucha contra la violencia de género- que penaliza todo acto sexual realizado sin consentimiento.

Impulsar la igualdad real y efectiva

La violencia de género, agravada por la invisibilidad de la ocultación, el desprecio o el silencio, es la manifestación más profunda de la discriminación que sufren las mujeres, y una de las principales barreras para lograr la igualdad. Por ello, resulta urgente impulsar, desde las instituciones y las políticas públicas, la igualdad real y efectiva que ha empezado a reclamar, globalmente, el movimiento feminista y la sociedad civil en su conjunto.

¿Por qué en el siglo XXI ningún país del mundo ha logrado que hombres y mujeres disfruten del mismo derecho a sentirse libres y seguros?; ¿por qué la prevalencia de la violencia de género alcanza cifras globales inasumibles en términos éticos y sociales?

El Estado de derecho puede contar con más instrumentos para proteger a las mujeres y luchar contra la violencia de género

La respuesta está y reside en el poder. El poder que ostenta, abrumadora y mayoritariamente, una de las dos mitades de la población sobre la toma de decisiones políticas, económicas y sociales. Es el poder sobre cuya base algunos hombres asesinan, violan, agreden, o acosan a un 35% de las mujeres del planeta. El poder explica que solo un 10% de los jefes de Estado y de Gobierno, en un total de 193 países del mundo, sean mujeres. Entender que el poder es la esencia del problema es clave, pues de ello se derivan implicaciones esenciales. Siendo la igualdad de género una cuestión de poder, como señaló el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el pasado 8 de marzo, la violencia contra las mujeres solo terminará cuando la igualdad de género y el pleno empoderamiento de las mujeres sean una realidad.

Una nueva distribución del poder

Mujeres en todo el mundo están alzando sus voces para plantear esta imprescindible conversación y reclamar una nueva distribución del poder. El movimiento que está en marcha tiene características globales, que las redes sociales han contribuido a viralizar. Antes de #MeToo y #Yotambién, miles de mujeres en América Latina se movilizaron contra los feminicidios, en el otoño del 2016, tras la brutal violación y asesinato de la adolescente argentina Lucía Pérez, al grito de #NiUnaMenos. En España, tras las multitudinarias manifestaciones y la huelga feminista del 8 de marzo, miles de mujeres (y de hombres) han vuelto a salir a la calle para expresar su repulsa a la sentencia judicial de 'La manada'”, reclamando #NoEsAbusoEsViolación.

Los cambios legales no son suficientes, pero son imprescindibles para la erradicación de estereotipos sexistas y machistas, y para prevenir y abordar, con las máximas garantías, la violación de los derechos humanos que representa la violencia de género. España debe acelerar la trasposición del convenio de Estambul a nuestra legislación (a la que también instó el pacto de Estado), pues la sentencia judicial que tanta indignación y rechazo social ha generado recuerda, muy amargamente, que el Estado de derecho puede contar con más instrumentos para proteger a las mujeres y luchar contra la violencia de género. Al hacerlo, se estará lanzando un mensaje contundente en favor no solo de la igualdad legal, sino también de la igualdad real y efectiva. El silencio se acabó. Ahora también las instituciones tienen que hablar.