Las seis Q de la pobreza energética

LAIA ORTIZ

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Imaginad llegar un día de estos de invierno a casa con tus hijos y tener que escoger entre poner la calefacción o darlos de cenar. No es ficción. Más del 18 % de los hogares no disponen de una temperatura suficientemente cálida en términos de salud y confort. Y cerca de 1,4 millones de viviendas han sufrido un corte de luz por impago durante el año 2012, más del doble que antes de la crisis.

Este martes, el Congreso de los Diputados discutió, a propuesta de ICV-EUiA, una propuesta para dar respuesta a este drama creciente en nuestro país: la pobreza energética. Un fenómeno provocado fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, la crisis económica y la reducción de las rentas familiares por el incremento del paro, la bajada de salarios y la precariedad, la razón fundamental. En segundo lugar, el aumento continuo de los precios de los servicios básicos como la electricidad, el gas o el agua, que acaparan cada vez más proporción del presupuesto familiar. Y en último lugar, la ineficiencia energética de los edificios, que está estrechamente relacionada con la degradación del parque de vivienda a nuestro país y la carencia de políticas decididas para invertir en rehabilitación y mejora.

La pobreza energética tiene un impacto profundo en la vida de las personas, la carencia de calefacción o de calor afecta a la higiene, a la salud tanto física como mental, y genera aislamiento y exclusión. El Informe de Sostenibilidad en España del 2012 estima que en nuestro país la pobreza energética provoca entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno. Por lo tanto, estamos hablando de un problema de unas dimensiones alarmantes no solo en términos de derechos económicos y dignidad de las personas, sino también como un problema de salud pública y exclusión social creciente.

Y este drama social no solo no se frena, sino que empeora rápidamente. Esta semana hemos sabido que la luz aumentará de nuevo en enero, mientras vivimos en un país donde los consumidores pagan la electricidad más cara de Europa, después de Malta y Chipre. Los datos del Eurostat demuestran que en la última década el coste de la electricidad se ha incrementado en un 104%, precisamente desde que el Sr. Rato se inventó el famoso déficit tarifario, y también cuando empezamos a notar las consecuencias de la mal llamada "liberalización" del sector de la ley del 1997. Con esta norma, el Gobierno del PP de Jose María Aznar, con la excusa de abaratar el coste y mejorar la eficiencia, limitan la intervención estatal.

La Ley del 1997 dice: "[...] a diferencia de regulaciones anteriores, la presente Ley se asienta en el convencimiento de que garantizar el suministro eléctrico, su calidad y su coste no requiere de más intervención estatal que la que la propia regulación específica supone. No se considera necesario que el Estado se reserve para sí el ejercicio de ninguna de las actividades que integran el suministro eléctrico. Así, se abandona la noción de servicio público, tradicional en nuestro ordenamiento pese a su progresiva pérdida de trascendencia en la práctica, sustituyéndola por la expresa garantía del suministro a todos los consumidores demandantes del servicio dentro del territorio nacional [...]".

Los datos demuestran que no ha sido así. Como tampoco sirve la reforma eléctrica que se aprobó en el último pleno del Congreso por parte del PP, con el voto de CiU. Lo que sí es cierto es que la actual regulación de un mercado que no funciona es un negocio redondo para las eléctricas españolas. Si miramos los datos de los beneficios, vemos que estas grandes compañías del oligopolio doblan la media de sus homólogas europeas. En el 2010, el beneficio de las eléctricas españolas fue del 10,11%, mientras que la media de las europeas fue del 5,13%. En el 2011, las españoles tuvieron un beneficio del 7,44%, y las europeas, del 2,98%. Una diferencia que se repite cada año.

Así, vemos que crece la factura, crece nuestra deuda con las eléctricas (parece ser que el déficit tarifario acumulado será este año de 29.000 millones de euros) y sus beneficios también van aumentando. Y es que tenemos una regulación de las empresas eléctricas que garantiza que ellas siempre ganan y que el Estado o los consumidores siempre perdemos.

Lo que ha pasado estas últimas semanas lo ilustra. La subasta anulada por la <strong>Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia</strong> (CNMC)  ha sido noticia por una subida escandalosa, pero evidencia el mal funcionamiento del mercado eléctrico, y también que la reforma eléctrica que acaba de aprobar el Gobierno empeora las cosas. Desde ICV-EUiA hemos ido denunciando que el problema no son las renovables, sino un caos regulatorio y un sector controlado por cinco empresas que ejercen una posición de dominio, no solo en el mercado, sino también en las voluntades de los gobiernos del Estado durante los últimos 15 años.

La energía es un bien común esencial, y como tal tenemos que garantizar su acceso y gestionarlo según las obligaciones de servicio público. Por eso hace falta una reforma en profundidad del sistema de subastas y una retribución de la energía en función de los costes reales, con transparencia y competencia efectiva. Pero también hace falta un mínimo de sensibilidad para entender que la pobreza energética no puede esperar a soluciones estructurales.

Por eso es todavía más indigno y vergonzoso que un Gobierno que, con sus medidas restrictiva sencarece el precio de la luz se niegue, a la vez, a debatir sobre medidas concretas para proteger a los consumidores vulnerables, como el establecimiento de un sistema público de precio social para todos los hogares con poder adquisitivo reducido a cargo de las compañías, la implantación de una tregua invernal o la aplicación del IVA superreducido.

No proponíamos ni medidas complicadas ni un gran gasto económico. Era solo cuestión de voluntad política. Otros países ya lo han hecho. Aquí, como en otras tantas cosas, vamos retrasados.