La moción de censura

Echar a Rajoy, es el momento

La gestión del PP ha ido contra la democracia de proximidad que el nuevo municipalismo encarna

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Gerardo Pisarello

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En estos días se ha escrito mucho sobre las razones para censurar a Mariano Rajoy y su Gobierno. Desde una perspectiva municipalista no faltan argumentos. Porque el Partido Popular no solo ha degradado hasta límites impensables las instituciones representativas. También ha consentido el desvío sistemático y planificado a bolsillos privados de recursos que eran imprescindibles para mejorar la vida en nuestros barrios, hacer frente a la emergencia social e impulsar una economía urbana más sana e inclusiva.

Esta es quizá la principal acusación que lanzamos contra Rajoy: haber liderado una de las gestiones que más daño ha hecho a la democracia de proximidad que el nuevo municipalismo encarna. Las reformas laborales impulsadas por el PP han precarizado el trabajo en nuestras ciudades de manera escandalosa. Su ley de arrendamientos urbanos (LAU) ha consentido una nueva burbuja que está disparando los alquileres, produciendo miles de desahucios invisibles y destrozando la vida de familias enteras. La llamada 'ley Montoro', que debe su nombre al inefable ministro de Hacienda, ha convertido en una odisea mejorar los servicios públicos o simplemente contratar maestros, informáticas, inspectoras de hacienda, educadores de calle o policías.  

Generar riqueza de manera más limpia

Lo curioso es que mientras el Gobierno central se recreaba en las cajas B, los sobres y los sobornos, el nuevo municipalismo ha demostrado que había alternativas. Que era posible generar riqueza de manera más limpia y cooperativa y redistribuirla de manera más justa. El patrón ha sido similar en ciudades progresistas con diferentes combinaciones políticas. Desde Barcelona, Madrid o Valencia hasta Oviedo o Valladolid, pasando por A Coruña, Cádiz, Zaragoza, Pamplona, Badalona o Santiago. Contra los pronósticos catastrofistas de muchos, todos estos ayuntamientos han demostrado que se podía reducir la deuda, mantener las finanzas saneadas e incrementar al mismo tiempo la inversión social. Con ello, quedaba en entredicho el 'dictum' neoliberal según el cual solo es posible gobernar con rigor si se acepta recortar los derechos de quienes peor lo están pasando.

Mientras el PP ha recortado
la inversión en vivienda pública en un 60%, en Barcelona la hemos multiplicado por cuatro

Y todo esto ha ocurrido, repito, en un contexto de fuerte desinversión social por parte del PP, consolidada con los presupuestos pactados con Ciudadanos. Solo en Barcelona y su área metropolitana, el déficit de inversión acumulado en materia de transporte público supera ya los 500 millones de euros. Y otro tanto ocurre en materia de vivienda. El Gobierno de Rajoy y sus socios no solo se han negado en redondo a reformar la LAU para aumentar de 3 a 5 años los contratos de alquiler y poner coto a los incrementos abusivos, además han disminuido en un 20% los fondos para vivienda pública de los próximos tres años.

Las ciudades más afectadas por estas políticas las hemos denunciado en todos los foros que hemos tenido a mano: en el Congreso, en Europa o en grandes cumbres internacionales como la de Hábitat III. Al mismo tiempo, hemos exprimido al máximo nuestras competencias y nuestras incumbencias para contrarrestar la hostilidad tanto del Gobierno central como de muchos gobiernos autonómicos.

El resultado no ha sido menor. Mientras el PP ha recortado la inversión en vivienda pública en un 60%, en ciudades como Barcelona la hemos multiplicado por cuatro. Y no solo eso: hemos creado un servicio de mediación que ha detenido 2.000 desahucios, hemos multado a grandes propietarios de pisos vacíos y hemos comprado bloques enteros para evitar que cayeran en manos de fondos especulativos.  

Un espacio de resistencia

Esto no ha acabado con todos los problemas. Pero ha hecho del nuevo municipalismo una referencia innegable en cuestiones de transparencia, de lucha contra la contaminación o de innovación social. En pocos años, hemos introducido límites a grandes plataformas digitales como Airbnb, hemos creado operadores energéticos municipales, hemos hecho espacio a bicicletas y peatones, hemos dignificado la memoria republicana, antifranquista, o hemos impulsado programas de ciencia y tecnología para nuestras niñas y niños. Y hemos aprendido a hacerlo juntas, en red, aliándonos con otras urbes progresistas como París, Londres o Montevideo, o sumándonos a la red de ciudades norteamericanas que se han rebelado contras las políticas racistas y sexistas de Donald Trump.

En medio de grandes dificultades, el nuevo municipalismo ha representado, en realidad, un espacio de resistencia y un laboratorio fecundo de nuevas políticas sociales, feministas, ambientales. No perfectas, pero sí valientes e innovadoras. Esto nos autoriza a decirle al PP que ya ha hecho demasiado daño. Y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para librarnos de él. Democráticamente, pero con la voluntad inequívoca de instalar ya un nuevo tiempo político: menos cínico, más creativo y abierto por fin a la esperanza.