El 'caso La manada'
Una vez más, justicia patriarcal
Es imprescindible que la perspectiva de género se traslade a las decisiones judiciales porque nunca son neutras
Gemma Altell
Psicóloga social. Fundadora de G360.
Gemma Altell
Una oleada de indignación ha vuelto a las calles y a las redes por la decisión de dejar en libertad bajo fianza a los miembros de 'La manada'. Una vez más, la justicia patriarcal actúa ejerciendo violencia institucional. Desgraciadamente no es nuevo, pero esta vez es una decisión mediática.
No soy jurista pero entiendo que es probable que existan argumentos jurídico/técnicos que puedan avalar esta decisión. Justamente este es uno de los mecanismos del patriarcado para normalizar e invisibilizar la desigualdad: ampararse en esta apariencia de neutralidad y racionalidad que dificulta desvelar cuál es la lógica que subyace a la legislación y a las decisiones que se toman en relación a ella.
Sin ir más lejos la “presunta” falta de riesgo de reiteración delictiva -como uno de los argumentos en los que se sustenta la decisión de la libertad bajo fianza- a qué responde cuando hay cuatro miembros de La Manada encausados por una agresión sexual a otra mujer. ¿A qué responde proponer como medida cautelar que no puedan entrar a la Comunidad de Madrid? ¿Es que acaso el mensaje de impunidad para con ellos y de indefensión para todas nosotras no va mucho más allá de los límites geográficos de esta víctima en concreto? Significa que el sistema en sí mismo y la judicatura como institución que lo encarna no quiere entender el patrón de depredador sexual evidente en este grupo que, como ya evidenciaban los mensajes de WhatsApp filtrados en su momento, planificaban el ejercicio de la violencia sexual en sus formas más perversas. La posibilidad de reiteración delictiva es evidente.
En realidad, estamos ante un paso más en la misma lógica patriarcal que encendió una multitud de protestas ciudadanas cuando se conoció la sentencia del caso. Sentenciar como abuso sexual lo que fue una violación múltiple minimizó el delito y, por consiguiente, facilita decretar la libertad bajo fianza. Todo ello nos retorna a la imprescindible reforma del Código Penal. Estamos muy cansadas de explicar los “porqués” y que estos solo sirvan para poco más que llenar páginas, pero ahí va: cualquier práctica sexual no consentida es una violación. No tiene que ver con que las mujeres debamos jugarnos la vida para demostrar en un juicio que ha sido una violación, no tiene que ver con que el violador sea un “inadaptado social”, no tiene que ver con que la víctima tome alcohol o drogas o tenga una vida sexual activa, no tiene que ver con el nivel de trauma que sufra después de la violación. Solo tiene que ver con el consentimiento y la decisión. Todo lo demás es violencia sexual.
Entre tanto, y a pocos días de iniciar los Sanfermines, las mujeres recibimos un nuevo y alarmante mensaje: ejercer violencia sexual sale muy 'barato'. Es imprescindible que la perspectiva de género se traslade a las decisiones judiciales porque nunca son neutras y, en este caso, ha prevalecido la ceguera judicial hacia la realidad de las violencias que sufrimos las mujeres. No tenemos suficiente con los argumentos técnico/jurídicos.
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