La investigación judicial del líder del PP

Uno de los suyos

Pablo Casado afirma que a él no la va a pasar nada y por lo que estamos viendo lleva razón

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Clara Usón

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Pablo Casado es un portento, un superdotado, aunque para no apabullarnos lo disimule, prodigando necedades en sus discursos y declaraciones. Era un hombre normalito, incluso mediocre, que tardó cinco años en sacarse dos cursos de la carrera de derecho en Icade, y de pronto salió elegido diputado, se cambió al centro Cardenal Cisneros y se volvió listísimo, logrando aprobar la mitad de las asignaturas de derecho en solo cuatro meses, al tiempo que desempeñaba dos trabajos; una proeza que ni Einstein podría emular.

España es un país cainita, donde prevalece la envidia, y lenguas insidiosas atacan a Casado por unas pequeñas irregularidades en que habría incurrido al cursar un máster, que obtuvo con sobresalientes sin asistir a clase y sin presentarse a los exámenes, ¡menudencias! El genio del PP se enfrentaba a una posible imputación por el Tribunal Supremo (es un aforado, como otros 250.000 políticos y funcionarios; si la ley es igual para todos, deberíamos ser aforados los 46 millones de españoles), pero eso no le ha inquietado; Casado afirma, con la misma tranquilidad con que Rajoy anticipó que la infanta Cristina saldría limpia de polvo y paja de su juicio, que a él no le va a pasar nada y por lo que estamos viendo lleva razón.

Archivo de la investigación

Para empezar, alguien ha borrado de los ordenadores de la universidad Rey Juan Carlos I más de 5.000 correos relativos a su máster -por descuido, sin duda, no hay que ver ahí mala intención-; el fiscal Luis Navajas -que debe sus dos ascensos al PP- ha recomendado el archivo de la investigación (la fiscalía tiene cosas más importantes que hacer, como perseguir a los blasfemos) y da la feliz casualidad de que la sala de lo Penal del TS que lo va a juzgar está integrada- salvo una excepción- por jueces afines al PP, como Pablo Llarena- buen amigo de Jorge Fernández Díaz-, cuyo nombramiento como magistrado del TS fue impugnado, por irregular e improcedente, por dos vocales del CGPJ y por Jueces para la Democracia, asociación que interpuso un recurso que fue debidamente archivado por el TS, cuyo presidente es el gran valedor de Llarena, Carlos Lesmes, también presidente del CGPJ y ángel de la guarda del PP. (No es cierto que el PP haya perdido todo su poder, continúa controlando la cúpula del poder judicial; baste señalar, como muestra, los cuestionables métodos empleados por el señor Lesmes para impedir el reingreso en la Audiencia Nacional del juez De Prada, quien osó condenar al PP en el caso Gürtel: aviso para navegantes, mientras Carlos Lesmes sea presidente del CJPJ, atreverse con el PP tiene consecuencias. El fiscal Navajas ha tomado nota).

La mujer de Llarena aspira a ser vocal del CGPJ, para lo que previsiblemente necesitará los votos del PP, que Casado preside; parece que hay un claro conflicto de intereses que debería inducir a Llarena a abstenerse de juzgar a Casado, pero Llarena es un patriota y de los patriotas no se duda.

Otro miembro del muy conservador tribunal es el juez Marchena, cuyo ascenso al TS con los votos del PP y CiU también fue polémico, y quien durante su desempeño en el Supremo ha archivado por sistema todas las causas contra el PP (es un hombre agradecido). Recientemente se ha aireado un escándalo relativo a la heterodoxa asignación de una plaza como fiscal a su hija Sofía, que iba para juez -y por tanto no podía ser fiscal- y para quien se creó de la nada una plaza que no existía: se convocaron 35 plazas de fiscal y se concedieron 36. (No entiendo el escándalo: cuando una tiene un padre influyente, lo normal es que no tenga que ajustarse a las reglas que rigen para los desgraciados con padres insignificantes).

La reputación de la justicia española

Esta sala de lo Penal es también la que juzgará a los políticos catalanes en prisión, y ya nos han anunciado que se les impondrá una sentencia muy dura; aunque solo fuere por las apariencias y por el qué dirán y hasta por la reputación de la justicia española (si es que a sus señorías les importa) debería evitarse que la fiscalía y el tribunal traten con benevolencia al presidente del PP y con extrema severidad a los políticos independentistas, pero no caerá esa breva, la justicia es suya.

Los delitos de corrupción prescriben a los cinco años; las deudas hipotecarias, a los 20; es menos arriesgado incurrir en cohecho siendo político que firmar un préstamo hipotecario.

¿Para cuándo la reforma de la justicia y la despolitización del poder judicial? ¿Le importa a alguien que ya no confiemos en nuestras leyes ni en nuestros tribunales?