GEOMETRÍA VARIABLE

¿Aplazar el juicio contra Artur Mas?

Una fundación liberal sostiene que dificulta el diálogo y no ayuda a la negociación

Jacint Soler Padró

Jacint Soler Padró / periodico

JOAN TAPIA

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La preocupación crece en sectores que ven el choque de trenes cada día más inevitable y temen las consecuencias. Si la CUP decide el sábado votar los presupuestos, frenar el referéndum unilateral será difícil. Mientras, la 'operación dialogo' lanzada por Madrid, no ha dado todavía ningún resultado y el juicio contra Artur MasJoana Ortega e Irene Rigau, que se celebrará el lunes 6 de febrero, puede alimentar una espiral de crispación.

En este contexto, la Fundació Catalunya Societat Civil 2005 -que preside el abogado Jacint Soler Padró y que es anterior y no tiene relación con Societat Civil Catalana- cree que sería conveniente que los partidos solicitaran un aplazamiento del juicio. Soler Padró reconoce que el Derecho penal tiene prioridad sobre el civil pero que, excepcionalmente, puede darse la situación inversa, y que en este caso se podría solicitar la suspensión hasta el fin de la legislatura por “una cuestión prejudicial de carácter administrativo”, por prudencia, ya que el Gobierno central se ha mostrado dispuesto a abrir un diálogo que, caso de que diera frutos, podría hacer incluso contraindicado el juicio referido.

Lo cierto es que la 'operación diálogo' habría tenido más impacto y credibilidad si el propio Gobierno hubiera interesado a la fiscalía el aplazamiento del juicio. No ha sido así y la fundación -cuyo objetivo es promover la economía de mercado- sostiene que forzando algo el Derecho se podría usar este recurso para pacificar los ánimos. Solo las partes personadas están legitimadas para pedir la suspensión, pero Soler Padró argumenta que la solicitud razonada de uno varios partidos podría hacer que la fiscalía estudiara la petición, y evitar así una crispación que no incita al diálogo y puede reforzar el sentimiento independentista.

Soler Padro dice: “Soy un catalanista no independentista y que se abra un juicio contra quien ha sido presidente de la Generalitat -se esté o no de acuerdo con él- me molesta, me recuerda el clima de 1934, cuando el juicio contra Companys. Es algo que los catalanes -pensemos lo que pensemos- no nos merecemos y que convendría evitar”. Soler Padró fue en 1975 el concejal -del tercio corporativo, representaba al Colegio de Economistas- que defendió el uso del catalán, entonces no permitido, en el Ayuntamiento de Barcelona en un pleno polémico en el que perdió la votación ante los famosos 18 “concejales del no”.

Luego -tras intentar fundar el Partit de Poble Català- se ha dedicado a la abogacía, fue cónsul honorario de Austria en Barcelona y presidente de La Seda de Barcelona (la multinacional Azco le cedió las acciones al abandonar España). Entonces entró en conflicto con gente que Soler Padró sitúa en el entorno convergente que -siempre según su versión- logró que la empresa fuera controlada por un grupo diverso, pero en el que había amigos íntimos de Jordi Pujol Ferrusola.

Sea como sea, si el Gobierno de Madrid está dispuesto a negociar, el juicio del próximo 6 de febrero no contribuirá a facilitar las cosas.