LA CLAVE
Uso (y abuso) del Constitucional
El rechazo parcial del recurso gubernamental deja en evidencia el fundamentalismo jurídico del PP, pero también pone en un brete a Puigdemont
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
El Consejo de Estado, en un informe preceptivo pero no vinculante, desaconsejó al Gobierno impugnar preventivamente ante el Tribunal Constitucional (TC) el debate de investidura de Carles Puigdemont. El Consejo de Ministros hizo caso omiso, emulando lo que afea a la mesa del Parlament cuando esta desoye los informes de sus letrados, legalmente tan soslayables como los del Consejo de Estado. Otra cosa es que sea políticamente recomendable.
El ponente del TC, un juez progresista y catalán, defendió la inadmisión a trámite del recurso gubernamental. José Antonio Xiol esgrimió la jurisprudencia del alto tribunal para argumentar que no cabe suspender ‘ex ante’ el pleno de investidura en base a la hipótesis, por más plausible que resulte, de la ausencia del candidato. Para preservar la unidad interna, el tribunal acordó prohibir la sesión solo si Puigdemont no hace acto de presencia.
El rechazo parcial del recurso por parte del Constitucional supone un sonoro sopapo a Mariano Rajoy, que lo firmó, y a Soraya Sáenz de Santamaría, que lo presentó en público. Un revés a sumar al fiasco del 1-O y a la debacle del PP el 21-D.
En Madrid se respiran aires de final de etapa. La victoria electoral de Ciudadanos y la reedición de la mayoría independentista han dejado en entredicho al Ejecutivo ante la derecha intelectual y mediática, que le reprocha el melifluo empleo del artículo 155. La FAES y Albert Rivera, al acecho.
La debilidad del Ejecutivo es una de las razones que explican este paso en falso. La otra, el fundamentalismo jurídico del PP, que ya acudió sin éxito al TC para impedir que el Congreso debatiera el ‘plan Ibarretxe’ y el Estatut. Delegar la política en los tribunales ha sido la principal receta, si no la única, para neutralizar el desafío independentista. Uso (y abuso) de la justicia al que, por una vez, los jueces han puesto freno.
SIN EXCUSAS
Pero el fallo del TC, siendo adverso para Rajoy, también oculta una emboscada para Puigdemont. Si el martes no acude al Parlament para ser investido habrá roto la promesa electoral con la que hizo el 'sorpasso' a ERC. ¿A quién culpará esta vez de su incumplimiento?
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