El laboratorio murciano

El presidente de la comunidad de Murcia, el popular Pedro Antonio Sánchez, investido gracias a un acuerdo con Ciudadanos, está siendo investigado por el caso Auditorio y ha sido llamado a declarar este lunes ante el juez, lo que constituye una prueba de fuego para la alianza entre el PP y Ciudadanos que permitió la investidura de Mariano Rajoy.

El acuerdo de investidura de Sánchez tenía como condición previa la asunción de un compromiso por la regeneración democrática por parte del PP, cuyo punto primero implicaba “separar de inmediato a de cualquier cargo público o de partido a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial”, una formulación muy similar a la contenida el punto 93 del acuerdo de investidura de Rajoy. Así pues, en consonancia con este compromiso Sánchez debería haber renunciado a su puesto, tal y como le exige Ciudadanos, pero en vez de obligarlo a ello el PP se ha escudado la idea de que no se trata de un caso de corrupción política sino una cuestión administrativa y esgrime que no está “formalmente” imputado. Pero además se ha permitido reconocer que si firmó el pacto con Ciudadanos era  porque no tenía más remedio que hacerlo para lograr la gobernabilidad y que lo hizo aún a sabiendas de que no iban a cumplir algunos de los compromisos, se deduce que muy particularmente los relativos a la regeneración democrática.

Ese conjunto de reacciones no has gustado nada a Ciudadanos y aunque ambos partidos han insistido en separar lo que suceda en Murcia a lo que suceda en el resto del Estado no caben dudas de la interconexión. En gran medida la credibilidad de Ciudadanos como partido estandarte de la regeneración se juega en Murcia y más teniendo en cuenta que tampoco a nivel estatal está logrando, de momento, que el PP ponga en marcha ninguno de los compromisos en ese sentido. Porque aunque se haya admitido a trámite su ley integral de lucha contra la corrupción por ahora no se ha avanzado ni en la expulsión de imputados por ese motivo, ni en la eliminación de aforamientos, ni en la supresión de indultos por corrupción, ni en la limitación de mandatos, ni en la investigación de la presunta financiación irregular del PP, ni el la reforma de la ley electoral, todos ello puntos contenidos en el acuerdo.

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Consciente de hasta que punto se juega el tipo en Murcia Ciudadanos ha dado por roto su pacto de gobierno con el PP y ha anunciado que próximamente se reunirá con el PSOE para explorar una salida a la situación, sin descartar la posibilidad de forzar la convocatoria de nuevas elecciones o de apoyar una mayoría alternativa PSOE-Podemos en una moción de censura.    Todo ello la misma semana en la que se ha reabierto la causa de presunta financiación irregular del PP por papeles de Bárcenas que podría comportar la imputación de altos cargos de ese partido.  El paralelismo con el caso murciano es evidente.  Habrá que seguir muy de cerca lo suceda en este territorio porque podría ser la antesala de lo que suceda a nivel estatal.