Armisticio entre clanes gitanos en La Mina

Los códigos ancestrales por los que se rige la comunidad gitana chocan a veces abiertamente con las normas y leyes que son de aplicación al conjunto de la ciudadanía. Barcelona, Sant Adrià y Badalona han vivido una de estas situaciones a raíz del homicidio, en enero del 2016, de un miembro del clan de los Baltasares a manos de gitanos de otras familias: aunque la policía y la justicia han actuado contra los culpables, el entorno del fallecido reclamaba la aplicación de la ley del talión. Han sido necesarios 14 meses y numerosas gestiones de intermediación de los Mossos para que se haya alcanzado, aparentemente, un armisticio que implica el abandono del barrio de La Mina por parte del clan de los Pelúos, al que pertenece el agresor. Para la policía autonómica, este ha sido un caso particularmente complejo, al que ha tenido que dedicar muchos recursos, como la protección permanente de las viviendas de los intimidados y la creación de gabinetes de crisis específicos. Todo ello, sin que, pese a la enorme tensión entre la población gitana de la zona, mediara denuncia formal alguna de los amenazados de muerte. La particular ley de la omertà de la etnia ha funcionado de nuevo, y lo que hay que celebrar por encima de todo en este caso es que no haya habido más derramamiento de sangre, pero el colectivo gitano debe aprender de lo sucedido para desterrar de su seno la venganza como regla de comportamiento. La singularidad cultural gitana no puede incluir en el siglo XXI un código penal propio.