Aguas turbulentas

No solo Dios sabe escribir recto con renglones torcidos, tal vez la Administración pública también sea capaz. Una prueba de tal habilidad se podrá comprobar a cuenta del conflicto del suministro del agua en Barcelona, que desde el 2005, según dictó un juez en el 2012, se presta sin título por parte de Agbar. A pesar de ese gran detalle, la empresa logró renovar el servicio por concesión tácita por 35 años más, gracias a crear una empresa mixta con el Área Metropolitana, que además de distribuir el agua en la capital abarca a otros 30 municipios. Ahora, otro tribunal ha tumbado la creación de esta empresa por haberse realizado sin concurso público, trámite obligado al no existir derechos exclusivos que justificarían la renovación automática.

Hay un interrogante especialmente turbador. ¿Cómo una empresa que se gana la vida con la concesión de un servicio público deja caducar los derechos del abastecimiento de Barcelona tras 50 años de ejercerlos? Es una doble pregunta, porque tiene su reverso: ¿cómo la Administración no se apercibió de este vacío legal en un suministro básico, cuyo valor de concesión debería ser multimillonario? Hay que descartar el error, por deferencia a la capacidad profesional de tantos abogados en plantilla. Entonces, debemos enfrentarnos a la hipótesis de la supuesta imbatibilidad de la posición dominante: si gracias a los beneficios obtenidos con la concesión hemos construido la infraestructura para el abastecimiento, ¿quién puede prestarla mejor que nosotros? Vista la propiedad pública del servicio como prisionera del concesionario, todo parece tener una explicación. Pero este razonamiento es poco elegante para con las autoridades municipales y su obligación de obtener el máximo rendimiento económico de la gestión privada del agua. Tan incómodo es el balance del asunto que no van a recurrir la suspensión, planteándose recuperar la libertad.