Territori ordena cerrar el vertedero de Vacamorta

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ordenará en los próximos días la prohibición de entrada de nuevos residuos en el polémico vertedero de Vacamorta, situado en el municipio de Cruïlles (Baix Empordà) tal y como establece la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en el 2011 y que a principios de este año fue ratificada pro el Tribunal  Supremo (TS).

El vertedero se construyó en 1999 y desde el mismo momento en que se puso en marcha los vecinos iniciaron una batalla judicial para conseguir su clausura, ya que alegaban que la instalación vulneraba el planeamiento urbanístico. En el 2003 se cerró durante un mes y medio en cumplimiento de una sentencia judicial pero el siguiente ‘conseller’ de Medi Ambient, Ramon Espadaler, le otorgó una nueva licencia ambiental que le permitió continuar la actividad.

En el 2011, el TSJC declaró nula esa autorización, alegando que el plan urbanístico del municipio no preveía un equipamiento de ese tipo. Esa sentencia fue confirmada por el Supremo, pero a pesar de eso el vertedero ha seguido abierto porque Territori i Sostenibilitat decidió aprobar un plan especial presentado por la empresa que gestiona la instalación.

Traslado de los residuos

El plan fue recurrido por el Ayuntamiento del pueblo y por la Plataforma Alternativa al Abocador de Cruïlles y en la actualidad se estaba a la espera de que el TSJC se volviera a pronunciar sobre el cierre y sobre si era necesario proceder al traslado de todos los resitudos que se han depositado en la instalación durante los 15 años que ha estado abierto, ya que el TSJC había ordenado la restauración del vertedero.

En un comunicado hecho público esta tarde, la 'conselleria' que dirige Santi Vila ha manifestado que mantendrá como prioridad “garantizar la correcta gestión de los residuos actualmente depositados mientras se acuerda la clausura definitva del vertedero, que se ha de realizar con todas las garantías desde el punto de vista ambiental y sanitario".

El 'conseller' Vila es partidario de la clausura y progresica restauración del vertedero para evitar “los efectos negativos para la salud y sobre el medio” que podría provocar el traslado de los residuos en descomposición que hay actualmente en el recinto y que ascieden a 2,2 millones de toneladas, en su mayor parte procedentes de deshechos industriales.

La empresa que gestiona Vacamorta está vinculada a Gustavo Buesa Ibáñez, imputado en el caso por el que se investiga a Jordi Pujol Ferrusola. El empresario reconoció ayer en la Audiencia Nacional que había pagado más de cinco millones de euros en comisiones al hijo del 'expresident'.