El CSN aprueba sin unanimidad que la nuclear de Garoña opere hasta los 60 años

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado el visto bueno para que la central de Santa María de Garoña (Burgos), la más vieja del actual parque nuclear español, pueda seguir operando hasta los 60 años, un decisión sin precedentes. La decisión definitiva queda ahora en manos del Ministerio de Industria y Energía, que ya ha anunciado su intención de abrir "una ronda consultas" antes de otorgar la licencia. La oposición, incluido Ciudadanos, ya le ha dejado claro su rechazo al poco de conocer la decisión. Le exigen que la deniege para no poner "en riesgo a la población".

La autorización está condicionada a que los propietarios de la planta lleven a cabo una serie de reformas -"centenares de mejoras", según un miembro del CSN- que en el mejor de los casos podrían tardar un año en ejecutarse y podrían alcanzar un coste de unos 200 millones de euros. Hasta que no las hayan llevado a cabo y hayan sido revisadas no podrán conectarse de nuevo a la red. Garoña lleva parada desde el 2012. 

El pleno del CSN ha aprobado la autorización sin unanimidad y ha comparecido dividido en la rueda de prensa posterior. La votación ha salido adelante con el voto a favor de cuatro de los cinco consejeros (tres propuestos por el PP y uno por el PSOE), mientras que la quinta representante en el pleno, la exministra Cristina Narbona (propuesta también por el PSOE), ha votado en contra. 

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LAS RAZONES DE NARBONA

Narbona ha expuesto sus dos razones para el no: por vez primera se da un permiso para más de 10 años, lo que incumple la guía de seguridad del CSN, y el operador no ha ejecutado las obras que se le habían impuesto como condición para que se le autorizara la reapertura.  El CSN le había pedido la creación de un nuevo sistema de tratamiento de gases, la separación física de cables eléctricos, la protección contra la caída del techo del edificio de turbina y el aislamiento de la contención primaria. El resto de consejeros aseguraron que estas obras están o bien acabadas o muy avanzadas pero que, en cualquier caso, tendrán que estarlo antes de que el reactor pueda arrancar.   

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La intención del Gobierno sigue siendo dar la luz verde definitiva a Garoña pero, ante el rechazo generalizado, Energía ha templado gaitas. "Antes de tomar una decisión, el ministerio abrirá un proceso de diálogo con comunidades autónomas afectadas, ecologistas, empresas, partidos y demás actores implicados para llegar a un consenso", han indicado fuentes del departamento encabezado por Álvaro Nadal. Estas conversaciones, han señalado, pueden durar "unos seis meses" y, tras ellas, el Gobierno tomará una decisión. Luego deberá ser Nuclenor, la propietaria, la que vea si le sale a cuenta darle al botón de arrancado. 

EL PRECEDENTE

Más allá de si la planta se reabre o no, la decisión del CSN es clave para el futuro de la energía nuclear en España al sentar un importante precedente en las restantes centrales, deseosas de prolongar su vida útil más allá de los 40 años que establece la normativa actual.

En cola aguardan ahora otras cinco centrales que en los próximos cinco años deberán pedir autorización si quieren seguir operando más allá de las cuatro décadas. La primera que deberá pasar por el trámite es Almaraz, que debe solictar la renovación este mismo año.

El problema de Garoña es que su reactor BWR-3, fabricado por General Electric, es del mismo tipo que los de la siniestrada central Fukushima. A raíz del accidente de la planta japonesa, en el año 2011, los nuevos requisitos de seguridad impuestos por la Unión Europea obligaban a las plantas en funcionamiento a someterse a unas costosas reformas. Nuclenor estimó entonces que las mejoras solo le resultarían rentables en caso de operar la planta hasta el 2031, como mínimo, muy por encima de la edad máxima de funcionamiento prevista por la ley.