Políticas al servicio del bienestar social

El 20-D votamos para decidir Gobierno y políticas, después de ocho años del inicio de la crisis financiera internacional y con las consecuencias todavía presentes. Las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis económica han dejado un panorama social devastador y han generado un alto descrédito de los gobiernos e instituciones políticas y sociales. Ahora, con cifras de crecimiento positivas, salimos de la recesión pero la sociedad sigue instalada en la crisis. La recuperación económica es débil e incierta y está marcada por el retorno a un modelo productivo cortoplacista, basado en empleos de baja calidad y actividades de poco valor añadido, que no incorpora los factores necesarios para alcanzar un crecimiento sostenible y una mejora de la competitividad. El mercado de trabajo está cruzado por la extensión del desempleo y desprotección de las personas y la precarización de las condiciones laboral. El bienestar social se ha deteriorado, se ha extendido la desigualdad y la pobreza ha aumentado.

Este es el resultado de la austeridad compulsiva y la devaluación salarial. Los recortes en gasto e inversión pública y las reformas laborales son culpables de que la recesión se haya alargado más de seis años. La propia lógica del ciclo económico, la relajación de los ritmos de consolidación fiscal y la política monetaria expansiva del BCE han permitido volver al crecimiento. Factores exógenos, como la bajada del precio del petróleo o el tipo de cambio del euro, ayudan al cambio de ciclo. Pero para que la recuperación llegue a todas las personas hay que dejar de empeorar condiciones de trabajo, dejar de recortar el Estado del bienestar y dejar de ignorar a los damnificados por la crisis. El Gobierno que salga del 20-D debe cambiar de políticas y de política económica: derogar la reforma laboral, fortalecer la negociación colectiva y recuperar el diálogo social, impulsar políticas industriales, luchar contra el paro y aumentar el empleo de calidad, apostar por salarios decentes y crecientes, recuperar y mejorar la protección social y luchar contra la desigualdad, reformar el sistema fiscal e impulsar una Administración Pública eficiente y unos servicios públicos suficientes y de calidad y promover un sistema financiero que cumpla su función económica y social .

La prioridad no puede ser la consolidación presupuestaria sino el aumento de la actividad económica. La rebaja del peso del déficit sobre el PIB se alcanzará por el crecimiento y no con más recortes o congelación del gasto e inversión pública. Es necesario un giro en la política económica europea, en España y en Catalunya, que impulse la recuperación. Se debe mantener la política monetaria expansiva e impulsar, en el ámbito europeo, un fuerte plan de inversiones, que ponga las bases del cambio de modelo productivo, impulse infraestructuras estratégicas y apueste por una economía sostenible y la cohesión social.

Tenemos que cambiar a fondo las políticas públicas para impulsar un tejido productivo de calidad, donde las actividades de alto valor añadido ganen peso para asegurar un crecimiento sólido y trabajo de calidad. Modernizar la economía y las empresas pasa por aumentar la base industrial y los servicios de alto valor añadido. Una política industrial activa que actúe sobre los factores que facilitan el cambio de modelo: formación y cualificación, investigación e innovación, cambio tecnológico, financiación e internacionalización.

Necesitamos crear empleo de calidad y aumentar el peso de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional. Así podemos reducir la desigualdad y generar la recaudación necesaria para recuperar el Estado del bienestar. Por eso tenemos que derogar la reforma laboral. El debilitamiento de la negociación colectiva persigue la individualización de las relaciones laborales, aumenta las capacidades de decisión unilateral del empresariado, rompe el equilibrio de las relaciones laborales y dificulta los acuerdos colectivos de trabajo. El objetivo de debilitar el papel de las organizaciones sindicales e individualizar las relaciones laborales tiene consecuencias negativas sobre los derechos laborales y desincentiva la modernización empresarial y el esfuerzo de innovación. Hay que derogar estas reformas e introducir medidas para detener la precarización en el trabajo, controlar el uso abusivo y fraudulento de las fórmulas de temporalidad y tiempo parcial no justificados.

Salarios suficientes

Se debe reforzar el papel y función de las organizaciones sindicales y el diálogo social y la negociación colectiva. Hay que acabar con la devaluación de las condiciones de trabajo. Necesitamos salarios suficientes, como elemento de integración y cohesión social y para participar de las ganancias de productividad, también como elemento que consolide la recuperación e impulse la creación de empleo.

Hay que revisar el sistema de protección de las personas en situación de desempleo y recuperar la protección perdida, así como definir el salario mínimo en parámetros europeos. El envejecimiento de la población y su repercusión sobre el sistema de protección de la jubilación debe abordarse desde la vertiente de la garantía de ingresos, a partir de la cantidad y calidad del empleo, y mantener el compromiso con la revalorización automática de la pensión. Una prestación de ingresos mínimos garantizada contribuye a luchar contra la pobreza y la desigualdad.

Se necesitan cambios profundos en las políticas de gobierno. Disponer de un sistema fiscal suficiente, equitativo, transparente y eficiente, que permita una mayor recaudación y nos acerque al nivel de ingresos públicos de Europa es condición necesaria para hacer políticas públicas comprometidas con la recuperación y el bienestar social. El 20-D es necesario dar un vuelco a las actuales políticas. Sabemos dónde nos han llevado, sabemos que hay que cambiarlas. Orientarlas al bienestar es posible.