La mitad de los niños de Guatemala están desnutridos

Mucho más que sentido del humor tendrá que poner el nuevo presidente de Guatemala, Jimmy Morales, para hacer frente a los grandes retos a los que se enfrenta el país centroamericano. Cómico de profesión durante más de 15 años, el político conservador tomó en septiembre las riendas de un país sumido en la corrupción y donde una parte nada desdeñable de la población sigue sin tener solucionadas las necesidades básicas hasta el punto de seguir pasando hambre. A pesar de la riqueza en recursos naturales.

Es en este contexto, en un país que acaba de encarcelar a un presidente, Otto Pérez Molina, por corrupción y que no ha superado las desigualdades, es donde la oenegé Manos Unidas sigue presente después de tres décadas. La soberanía alimentaria de la población más vulnerable, la generación de empleo, la formación y la capacitación, la atención sanitaria allí donde no llega el Estado y la equidad de género son las grandes líneas maestras que guían los proyectos que financian.

La lacra del hambre, que se dispara especialmente en el caso de los niños, alcanza índices de desnutrición infantil que alcanzan el 50% en los menores de cinco años. Cinco de cada de cada diez niños en edad escolar presentan desnutrición crónica y el 14,8%, un retardo grave de crecimiento.

Y la población indígena es la más castigada. Los indígenas representan un 40% del total de 15,7 millones de habitantes y padecen sin piedad la pobreza extrema que se ha consolidado en las bellas e inhóspitas zonas rurales que habitan. Viven de sus cosechas y, en el caso de temporadas sucesivas de sequía, como la que se vive en estos momentos, la situación se torna límite para muchas familias.

POLÍTICA RACISTA

Históricamente relegados de la posesión de la tierra, concentrada en pocas manos de la élite económica, las comunidades indígenas continúan siendo víctimas de una política de Estado racista que no solo no atiende sus necesidades sino que no ha dudado en cometer auténticas atrocidades. Especialmente durante los 36 años de cruenta guerra civil -1960 a 1996-, que arrojan cifras escalofriantes. Maya Alvarado, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, lo resume con contundencia: «Guatemala es un país mayoritariamente indígena con una estructura de Estado racista».

LAS BASES DEL GENOCIDIO

La Comisión Para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en su informe final, daba cuenta de que de las 132.000 personas ejecutadas y 40 desaparecidas, el 83% eran indígenas mayas. En cuanto a la autoría, el 93% de las atrocidades fueron responsabilidad de las fuerzas armadas y grupos paramilitares. «Las bases sobre las que se montó el genocidio permanecen intactasy no ha habido ningún cambio en las estructuras de poder», rezaba con contundencia el informe.

Los Acuerdos de Paz, que sentaban las bases de una sociedad sin discriminación ni exclusiones, son, a día de hoy, papel mojado. «No se ha hecho justicia, la situación ha empeorado, ha habido un incremento de muertes violentas -por ejemplo los feminicidios-y el poder sigue concentrado en manos de las élites económicas, provocando la exclusión y discriminación de la población indígena, pobre y campesina». En este caso, el análisis es del Cidse, una alianza internacional de organizaciones de desarrollo católicas entre las que se encuentra Manos Unidas.

Sirva como ejemplo de la permanencia de viejas estructuras en el ámbito jurídico de la secuencia de acontecimientos en relación al proceso por genocidio del general retirado José Ifraín Ríos Montt.

SENTENCIA ANULADA

Condenado en el 2013 a un total de 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo Maya Ixil, la sentencia fue posteriormente revocada por cuestiones procesales. El Congreso, casi en paralelo, negaba la existencia del genocidio.

Las prioridades de Manos Unidas, en cuanto a grupos vulnerables, son la población rural y la marginal que vive en zonas urbanas -especialmente los indígenas con elevados índices de analfabetismo- y las mujeres y la infancia -con especial atención en las cabeza de familia con responsabilidad total en sus hogares-.

En cuanto a zonas de actuación, las prioridades son las rurales y más dañadas por la guerra; es decir, la zona norte, el altiplano guatemalteco central y noroccidental y las zonas de oriente.

El 80% de la tierra guatemalteca, rica en recursos naturales, se concentra todavía hoy en un 2% de propietarios. Los grupos inversionistas guatemaltecos son actualmente agresivos en el acaparamiento de las tierras y de las fuentes de agua.

El Gobierno guatemalteco otorga licencias por doquier para empresas mineras e hidroeléctricas, sin importar si para atraer a los inversionistas, propios y extranjeros, machaca a su población indígena expulsándola de sus tierras.

Porque Guatemala tiene oro pero una buena parte de su población pasa hambre.