CONFLICTO SOCIAL

Una ola de despidos en el sector público sacude a la Argentina de Macri

Macri, durante una visita a Uruguay, el jueves.

Macri, durante una visita a Uruguay, el jueves. / EFE / NICOLÁS RODRÍGUEZ

ABEL GILBERT / BUENOS AIRES

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Caucete tiene una histórica trágica. Fue el escenario de dos devastadores terremotos en 1944 y 1977. Ubicada a unos 1000 kilómetros al oeste de la capital argentina, la ciudad que se levantó una y otra vez gana ahora las portadas de los diarios por una situación que orilla el ridículo político. Su alcaldeJulián Gil, ha nombrado a seis miembros de la familia como miembros de su Gabinete. El hijo, de 18 años, está al frente de la Secretaría de Deportes. “Es jugador de voleibol, tiene un equipo de profesores de educación física”, explicó.  La esposa quedó a cargo de la Secretaría de Acción Social. Una hija, Jimena, de 19 años, está en la secretaria de Coordinación, y su hermano, en la jefatura de Compras.

El alcalde debió sentir que algo le faltaba en su equipo. Dijo necesitar “un blindaje de extrema confianza”, y por eso situó a su hermana como jefa de Legales (la asesoría jurídica del Ayuntamiento). Gil, que hasta el año pasado era parte de los peronistas que no simpatizaban con Cristina Fernández de Kirchner, y que hoy comienza a mirar con cariño al Gobierno de Mauricio Macri y habla de cambio, aseguró que nada le impide trabajar junto con la sangre de su sangre. “Es legal, la Carta Orgánica permite esto, mientras que lo ético es cuestión personal de cada uno”.  

El caso Gil quizá sería un episodio risueño con aires de nepotismo pueblerino si no ocurriera en momentos que se asoma en la Argentina una ola de despidos en el sector público. Los tempranos opositores al presidente Macri aseguran que ha puesto en marcha una receta conocida en los años 90: endeudamiento y austeridad. La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) asegura que ya son 12.000 los despedidos desde el pasado 10 de diciembre y más de 60.000 empleados tienen sus contratos en revisión. El líder del sindicato que agrupa al Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, anticipó que se están analizando medidas de fuerza porque “no se puede dejar a la gente en la calle de buenas a primeras”.

LA JERGA DE LOS AÑOS 90

La vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, justificó los despidos. Dijo que en su gran mayoría se trata de militantes políticos kirchneristas. Michetti recurrió a la misma jerga de los años 90. "Son ñoquis", dijo por ese tipo de pasta italiana que se elabora con patatas, harinas y queso de ricota y que, según un ritual de los restaurantes argentinos, se comen los días 29.

El mote fue una invención del por aquellos años secretario de Inteligencia, Juan Bautista Jofre. Sostuvo que en el Estado había muchos empleados que eran “ñoquis”, que solo van a sus oficinas a buscar la paga los últimos días del mes. De acuerdo con Michetti, entre el 2012 y el 2015 se incorporaron 60.000 personas con contratos temporales a la Administración y de ellos 25.000 llegaron en 2015, en la última etapa. 

El Senado, la Cancillería y el imponente Centro Cultural Kirchner (CCK) son escenarios de los ceses masivos. El CCK se ha levantado en el edificio del antiguo Correo, que dos décadas atrás el padre de Macri compró y nunca terminó de pagar, hasta que fue expropiado. Allí, el kirchnerismo soñó unir el Louvre, el Pompidou y el MET en un solo lugar. Se estrenó a las apuradas el pasado año en medio de la campaña electoral y cuenta con la más moderna sala musical de América Latina. Ahora se ha quedado sin sus 600 empleados. “No somos militantes, somos trabajadores. Queremos que nos evalúen por nuestras aptitudes”, reclamaron los despedidos en las calles de la capital. El Gobierno prometió que el centro mantendrá su nivel de excelencia pero el nuevo equipo decidirá cuál será la plantilla de empleados.

El fantasma de los ceses masivos fue también evocado por el ministro de HaciendaAlfonso Prat Gay. Dijo que, tras la reciente devaluación de la moneda en un 40%, los sindicatos deben elegir entre preservar los puestos de trabajo o discutir por mejoras salariales. “No nos van a asustar, presionar ni extorsionar”, le respondió Hugo Moyano, jefe del poderoso sindicato de conductores de camiones.