La reforma sanitaria de Obama se juega la vida en el Supremo

Desde que decidió llevar a George Bush y no a Al Gore hasta la Casa Blanca, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no había tenido tanta influencia directa en la política estadounidense como hasta ahora. Los nueve miembros del alto tribunal empezaron ayer tres jornadas de vistas (un maratón de seis horas, sin precedentes en más de 40 años) para estudiar la constitucionalidad de varias de las provisiones de la reforma sanitaria que Barack Obama firmó el 23 de marzo del 2010. Y su decisión, que no se espera hasta finales de junio, marcará no solo la campaña electoral de las presidenciales y el futuro y el legado de Obama, sino que puede determinar también el alcance del poder del Congreso.

La principal provisión de la reforma y del reto legal que han planteado 26 estados y grupos privados que la rechazan es el mandato individual que la ley impone para que prácticamente todos los ciudadanos adquieran un seguro médico o paguen multas. Ese mandato entra en vigor en el 2014 y las primeras multas deberían pagarse, según ingresos, con los impuestos del 2015.

RECHAZO POPULAR / Esas fechas y esa fórmula no son baladís. Los ciudadanos no han empezado a ver y sentir aún los efectos de la reforma, que sobre el papel mejora su acceso a la sanidad y pone limitaciones a los abusos que históricamente han cometido las aseguradoras, como rechazar a clientes con problemas médicos o subir indiscriminadamente los precios de las pólizas. Y eso explica, al menos en parte, el rechazo mayoritario a la ley que siguen mostrando las encuestas: en la última deThe New York Times, el 47% de los estadounidenses se oponen y solo el 36% la aprueba; en una reciente deThe Washington Post, el porcentaje de rechazo sube hasta el 52%.

El hecho de que el pago de las primeras multas no esté previsto hasta el 2015, además, abría una vía para que el Supremo rechazara opinar hasta entonces sobre el caso, pues una ley de 1867 impide retar legalmente un impuesto hasta que este se ha pagado. Pero ni los opositores a la ley ni la Administración quieren esperar, y tampoco parece quererlo hacer el Supremo, con cinco jueces conservadores nombrados por presidentes republicanos y cuatro progresistas elegidos por demócratas.

Ha sido precisamente la Administración de Obama, que enmarca la reforma sanitaria como solución a un problema acuciante de naturaleza económica, quien ha impulsado la batalla en el alto tribunal. Y es que el presidente, que se opuso al mandato individual en su duelo con Hillary Clinton, ha decidido pasar a la ofensiva tras casi dos años defendiéndose de los ataques furibundos a la ley de los republicanos y del Tea Party, que basaron en esos ataques parte de su triunfo en las legislativas de noviembre del 2010. Incluso ha empezado a usar con orgullo el términoObamacare,que peyorativamente los conservadores usaban para definir la ley.

Cuando el Supremo dicte su decisión en junio, decidirá también si el mandato puede ser anulado de forma quirúrgica o si es inseparable de otras provisiones de la ley. Decretará además si el Congreso tiene autoridad para imponer a los estados cambios que amplían el acceso y la cobertura en el programa de ayuda sanitaria a los más pobres. Pondrá así sobre la mesa asuntos clave sobre el poder y la autoridad del Gobierno federal y el Congreso, y lo hará en un año electoral, en que los republicanos, aún en busca de candidato, han hecho de la limitación del poder de Washington caballo de batalla.

El reto para Mitt Romney, favorito para medirse a Obama, es que firmó cuando gobernaba Massachusetts una reforma sanitaria que sirvió de inspiración a la federal.