Nuevas protestas en Perú contra la libertad de Fujimori

“Señor, señora, no sea indiferente, indultan a corruptos enfrente de la gente”, comenzaron a gritar en Perú después de que Pedro Pablo Kuczynski otorgara un “indulto humanitario” al autócrata Alberto Fujimori y, además, en virtud de una gracia presidencial, clausurara toda posibilidad de nuevos juicios en su contra. Las protestas se hicieron sentir en Cusco, Moquegua, Juliaca y llegaron a Lima.

El colectivo Keiko No Va, que organizó en el 2016 las marchas contra la posibilidad de que la hija del 'Chino' llegue al poder por el voto, llamó este jueves a ganar las calles y llenarlas de bronca. Se sumaron las diez universidades públicas y privadas de Lima, fuerzas sociales y políticas. Para los que rechazan las medidas adoptadas por el mandatario, no hay otro camino que la presión social.

Por lo pronto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió analizar las consecuencias del indulto en una audiencia extraordinaria, a principios de febrero, cuando revisará el cumplimiento de la condena de 25 años que recibió Fujimori por los asesinatos perpetrados en 1992 en La Cantuta y Barrios Altos.

Repudios incesantes

Los pasos dados por PPK han tenido el efecto de un fuerte revulsivo. Tres parlamentarios, dos ministros y varios funcionarios de primera línea lo abandonaron. Los repudios internacionales son incesantes. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y los relatores especiales sobre promoción de la justicia calificaron de “bofetada a las víctimas” los perdones que otorgó Kuczynski para evitar que una mayoría de congresistas del fujimorismo lo destituyera por “incapacidad moral” debido a sus relaciones con la constructora brasileña Odebrecht. Los defensores del indulto apelaron a encuestas de septiembre pasado en las que el 60% de los consultados lo aprobaban.

Fujimori sigue internado en una clínica limeña y, según señaló el diario 'La República', la abandonaría al anochecer del 31 de diciembre o el 1 de enero, cuando, se supone, los peruanos estarán dedicados a sus fiestas. El indultado debe al Estado unos 13 millones de euros  por reparaciones civiles impuestas en diferentes causas judiciales. El procurador anticorrupción Amado Enco aseguró que los beneficios recibidos por el indulto no le eximen de esas obligaciones.