La crisis en Venezuela
Maduro no descarta ordenar el cese del Congreso en manos opositoras
El presidente venezolano ha pedido a su vez al Tribunal Constitucional que se pronuncie contra la ley de amnistía aprobada por el Parlamento
Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
ABEL GILBERT / BUENOS AIRES
Las relaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición, que controla la Asamblea Nacional (AN) desde enero pasado, se siguen deslizando hacia el abismo político. El presidente Nicolás Maduro prometió “evaluar con absoluta seriedad” una propuesta del jurista Hermann Escarrá para cesar en 60 días al actual Parlamento. Maduro dijo en tono amenazante que dará curso a esa iniciativa si sirve para “despejar los caminos del golpismo”.
Escarrá, de inocultables simpatías con el chavismo, dijo, para complacencia de Maduro, que, así como los diputados de la oposición “se plantearon reducir el período constitucional del presidente a través de una enmienda, ellos no saben que el presidente también puede presentar una enmienda sin pasar por la Asamblea Nacional”. Para hacer eso, solo se requiere un artículo, “y ya está redactado”.
La advertencia se conoce en momentos en que la AN discute los pasos a seguir para aprobar una ley orgánica de referéndums que permita convocar una consulta revocatoria del mandato de Maduro. En medio de situaciones de violencia, representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que tiene mayoría calificada en la AN, le exigieron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, la entrega de planillas para activar esa consulta.
CONTRA LA LEY DE AMNISTÍA
Por otra parte, Maduro pidió al Tribunal Constitucional que se pronuncie contra la ley de amnistía promulgada por el Congreso y que beneficia a los dirigentes bajo proceso por los sucesos del 2013, que dejaron 43 muertos y el Gobierno califica de golpistas. Maduro advirtió que si la ley se aprobara, Venezuela “entraría en un ciclo de guerra civil interna, de división y de odio”.
El presidente formuló la solicitud en el marco de una manifestación del chavismo contra esa norma que atravesó Caracas y concluyó frente al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo. Según el mandatario, el pueblo tiene derecho a rebelarse contra una ley que es “inmoral” y “criminal”. Maduro anticipó que hará “lo que tenga que hacer” para proteger “el derecho de las víctimas”. El Gobierno, a su vez, ha armado una comisión de la verdad para que se pronuncie sobre esos episodios. “He pedido el apoyo a Ernesto Samper, secretario de la Unasur, para que se incorpore y ha aceptado”, dijo.
En medio de la emergencia económica y energética, que ha obligado a decretar no laborables los días viernes en las dependencias estatales, Maduro acusó a sus rivales de llevar a Venezuela a un punto de caos que justifique un golpe de Estado. Si algo así sucede, aseguró, el pueblo debe encabezar “una insurrección armada”.
'PAPELES DE PANAMÁ'
“Debe estar toda la derecha venezolana metida en el escándalo de los 'papeles de Panamá'”, conjeturó Maduro, que pidió a la fiscalía general de la República que haga todo lo posible para “investigar” las posibles conexiones y “se juzgue a quien tenga que juzgarse, llámese como se llame, esté donde esté”.
La palabra “Venezuela” aparece en unos 241.000 de los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Algunos nombres ya han tomado estado público, entre ellos los de Adrián Velásquez, exjefe del escoltas de Hugo Chávez, y Víctor Cruz Weffer, exjefe del Programa Bolívar 2000 de asistencia social, con empresas bajo su control en paraísos fiscales. Empresarios venezolanos, oficialistas y opositores, también son nombrados en esos documentos.
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