La ley de inmigración divide al partido de Macron

El Gobierno francés defiende el proyecto de ley de asilo e inmigración, presentado este miércoles en Consejo de Ministros, como un texto “equilibrado y en línea con el derecho europeo”. Su intención es reforzar el control de los flujos migratorios, acelerar las expulsiones de los inmigrantes irregulares, agilizar los trámites del asilo y mejorar la integración, pero el endurecimiento de las condiciones para lograr el estatus de refugiado provoca el rechazo unánime de las asociaciones y divide a la clase política.

Las críticas se oyen incluso en el seno de La República en Marcha (LRME), el partido de Emmanuel Macron, en el que hasta ahora no se habían producido fisuras. Algunos diputados lamentan el doble discurso del presidente, quien durante la campaña presidencial no dudó en elogiar la política de acogida de la cancillera alemana, Angela Merkel, y muestra ahora una postura inflexible.

El Elíseo argumenta que no ha habido un cambio de doctrina, sino un baño de realismo que conlleva admitir los límites del país a la hora de integrar dignamente a los migrantes. El texto parece orientado a satisfacer a la opinión pública francesa, que considera la política migratoria demasiado suave, en un momento en el que los sondeos no son favorables al presidente.

“Hay que acoger, pero hay que acoger bien a quienes deben forjar su futuro en Francia”, ha justificado el ministro del Interior, Gérard Collomb, artífice de la ley que sustituirá a la aprobada por François Hollande en marzo del 2016.  

El texto, que será debatido en abril en la Asamblea Nacional, reducirá a un máximo de seis meses el periodo de solicitud del estatus de refugiado, y a dos semanas el plazo para presentar un recurso si la demanda es denegada. La agilización del trámite facilitará la acogida, pero también dificulta que los migrantes puedan defender sus derechos, según denuncian las asociaciones de abogados.

Además, aumentará de 45 a 90 días el tiempo legal de retención administrativa de los inmigrantes pendientes de expulsión, para dar tiempo a la negociación con los países de origen. También penalizará con la cárcel entrar de manera clandestina en Francia y permanecer en el país en situación irregular. Otra propuesta polémica es la que obliga a los centros de acogida a censar a los migrantes, facilitando a la Administración la tarea de expulsión.

Acento en la represión

Por otro lado, se amplían los criterios de la reunificación familiar para que, además de los padres, los hermanos de los menores que hayan logrado el estatus de refugiado puedan entrar legalmente en Francia. Y contempla mecanismos de protección a las jóvenes amenazadas por la ablación o a las víctimas de la violencia conyugal, además de abrir la puerta a los estudiantes e investigadores extranjeros.

Aun así, las asociaciones juzgan la ley demasiado represiva y lejos del equilibrio que proclama el Gobierno. “El centro de gravedad se escora hacia una lógica de control, de selección y de expulsión”, señala el director de Francia Tierra de Asilo, Pierre Henry, en las páginas de ‘Libération’.

El antiguo candidato socialista a la presidencia francesa, Benoît Hamon, se ha sumado a las críticas denunciando la “indignidad” de un Gobierno que pone toda su energía en “seleccionar, expulsar y disuadir a los solicitantes de asilo de defender sus derechos”.

A la derecha francesa tampoco le agrada el texto, pero por razones diametralmente opuestas. Entienden que no va lo suficientemente lejos. Según datos del Ministerio del Interior, Francia recibió 100.000 solicitudes de asilo en el 2017, un 17% más que el año anterior, de las cuales se admitieron el 36%. En la frontera fueron detenidas 85.000 personas.