Oenegés francesas tildan de "abusiva" la política migratoria de Macron

Francia es de lejos el país de la Unión Europea que más recurre al internamiento de los extranjeros en situación irregular. Lo hace cuatro veces más que Alemania y tres más que España. Una política habitual desde principios de los 2000 que, con la llegada al poder de Emmanuel Macron, se ha acentuado notablemente.

En el 2017, el Gobierno encerró a 46.800 personas en alguno de los 40 centros de retención administrativa que tiene diseminados por todo el país. En la Francia metropolitana su número aumentó un 10% con respecto al año anterior, según los datos de seis asociaciones humanitarias que han presentado este martes un informe demoledor sobre las condiciones de los migrantes y solicitantes de asilo.

Ofrece, además, datos alarmantes sobre el incremento de familias con niños privados de libertad: 146 acompañadas de 304 menores, un 70% más que en el 2016, a pesar de que Francia ha sido condenada cinco veces por el Comité Europeo de Derechos Humanos por este tipo de prácticas administrativas que obedecen, según las asociaciones, a criterios puramente logísticos sin tener en cuenta que los centros de retención, sin ser prisiones, se parecen mucho.

“Policías en todos los sitios, celdas de aislamiento, alambradas, rejas, altavoces, torres de control. Todo está inspirado en el universo penitenciario. La sensación de ser tratado como un criminal invade a la mayoría de las personas que están encerradas”, sostienen los autores del texto.

La retención es la prisión

Según Mattias Venet, de la asociación Orden de Malta, para un niño “la retención es la prisión”. “Vive un estrés intenso porque no entiende qué pasa. Es una situación de angustia que tiene un impacto físico y psicológico que perdura cuando sale”, advierte.

El estudio denuncia, asimismo, la “preocupante frecuencia” con la que se violan los derechos de los migrantes, por ejemplo, al retener “de manera abusiva” a los solicitantes de asilo que están a la espera de ser transferidos a otro Estado miembro de la Unión Europea.

En opinión de David Rohi, responsable de la Cimade, Francia insiste en una política de retención porque quiere convertirse en una “enorme máquina de expulsión”. Sin embargo, los datos indican que incluso para lograr ese objetivo es ineficaz, porque sólo uno de cada seis extranjeros abandona el territorio francés. Aunque en el 2011 la duración legal en un centro administrativo pasó de 32 a 45 días, el número de expulsiones en 2017 fue prácticamente el mismo que hace ocho años.

Apoyándose en este dato, las oenegés advierten de que la reforma de la ley de asilo e inmigración que se debate actualmente en el Parlamento –que prevé elevar a 90 días el periodo de retención- es “desproporcionada” a la vista del coste humano y económico que supone. 

“Trivializada y distorsionada, la retención es inútil y poco humana para una población que se ve a menudo criminalizada por su situación administrativa”, insisten las organizaciones firmantes del informe –La Cimade, Orden de Malta, Forum Refugiados, Assfam, Francia Tierra de Asilo y Solidaridad Mayotte- que reclaman al Gobierno un cambio urgente de política.