Corrupción en Argentina

Fernández de Kirchner irá a juicio por una red de sobornos en obra pública

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, durante una sesión en el Senado, el pasado agosto.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, durante una sesión en el Senado, el pasado agosto. / .45076995

Abel Gilbert

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La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue procesada por el juez federal Claudio Bonadio, quien a su vez dictó prisión preventiva por considerarla jefa de una "asociación ilícita" que que recibía comisiones de los empresarios que ganaban las licitaciones de la obra pública. Fernández de Kirchner no irá por el momento a prisión porque es senadora y está aforada. El magistrado esperará que el procesamiento se ratifique en un segunda instancia judicial para pedir que se le retiren los fueros parlamentarios. Bonadio ha dictado a su vez un embargo de un millón de dólares.

El magistrado, que ya ha imputado a la exmandataria en otras causas y, según ella, lo hace sin ánimos de disimular la enemistad personal, ha empleado 500 páginas para justificar una decisión que ya había sido anticipada por la prensa. El juez asegura que Fernández de Kirchner "hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados dinero al Estado Nacional". Eso se hizo en "detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro".

Sin sorpresas

El contenido del dictamen le viene como anillo al dedo al Gobierno de derechas en momentos en que el peso no deja de hundirse frente al dólar, se pierde el empleo, crece el endeudamiento externo y la fuga de capitales y se espera una inflación anual superior al 40% y una caída del PIB de más del 3%.

Junto con Fernández de Kirchner fueron procesados su ex ministro de Planificación, Julio De Vido y su brazo derecho, Roberto Baratta. "La medida no me sorprende", dijo el abogado de la exmandataria, Gregorio Dalbón. A través de un video, Fernández de Kirchner anticipó lo que ocurriría y dijo que es objeto de una "persecución política" consecuencia de su oposición al programa económico que "provoca el hambre" de los argentinos.

Asociación ilícita

Bonadio basó su decisión en las fotocopias de ocho cuadernos escolares escritos a mano por el entonces chofer de Baratta, el exsargento del Ejército, Oscar Centeno. En esas páginas se cuentan con lujo de detalles cómo funcionaba la presunta "asociación ilícita". Centeno quemó sus cuadernos y nunca lo sometieron a una pericia caligráfica. La causa tiene una veintena de imputados colaboradores, otros tantos detenidos y un prófugo. Entre los arrepentidos se encuentran Centeno, poderosos empresarios y exintegrantes del anterior Gobierno. La investigación también roza al primo del presidente, Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra

El otro pilar de la acusación contra Fernández de Kirchner es el exsecretario de Obras Públicas, José López. A mediados de 2016 lo detuvieron cuando intentaba esconder bolsos con ocho millones de dólares. En todos estos meses, López pareció tener trastornos emocionales y ha cambiado su testimonio a la justicia en cuatro oportunidades. Hace dos semanas se convirtió en arrepentido y apuntó directamente contra la exmandataria.

Población dividida

La labor de Bonadio divide las opiniones de los argentinos. Los simpatizantes del presidente Mauricio Macri creen que es un paladín de la justicia. Sus adversarios, que no son necesariamente kirchneristas, dicen que Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, un viejo amigo de Macri, han montado un sistema extorsivo que arranca confesiones sin asidero y con fines políticos. Una encuesta divulgada por el canal televisivo C5N da cuenta que un 46% de los consultados opina que el magistrado tiene un encono manifiesto mientras que un porcentual similar sostiene lo contrario. Un 35% sostiene que los cuadernos son reales, un 28% estima que arroja verdades parciales que se manipulan y un 29% descree por completo de las revelaciones.

La información sobre el procesamiento coincidió con la presencia en el Congreso del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien, tras reunirse con las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI), informó a los legisladores que discuten el presupuesto de 2019 que la economía seguirá cayendo un 0,5% el año venidero y la inflación será de un 23%. En virtud del acuerdo con el FMI, el Gobierno prevé un déficit fiscal cero que lo ha obligado a recortar gastos en salud, educación, cultura y ayuda social, y cerrar ministerios.