La justicia europea veta la transferencia de datos a EEUU

Maximilian Schrems, un estudiante austríaco de Derecho de 26 años, ha conseguido lo que cientos de políticos europeos y organizaciones de consumidores no han logrado en los últimos años: tumbar el acuerdo de transferencia de datos cerrado entre Bruselas y Washington en el año 2000. En una sentencia considerada histórica, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el martes inválida la decisión de la Comisión Europea que consideraba que Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado de los datos personales, lo que ha permitido a cientos de empresas como Facebook o Google enviar en los últimos 15 años información de usuarios europeos al otro lado del Atlántico.

La normativa sobre tratamiento de datos personales recoge que en principio solo se pueden transferir datos a un país tercero si garantiza un nivel de protección adecuado y la decisión de la Comisión del año 2000 consideraba a Estados Unidos «puerto seguro». Schrems, usuario de Facebook desde el 2008, decidió denunciar a la empresa de Mark Zuckerberg tras conocer las revelaciones de espionaje masivo realizadas por el exagente de la NSA estadounidense Edward Snowden en el 2013 y considerar que la normativa y la práctica de Estados Unidos no garantizaban una protección suficiente. En un principio su denuncia fue rechazada pero el joven perseveró y elevó el caso al Tribunal Supremo de Irlanda, país en el que Facebook tiene su sede europea.

«Denuncié porque pensé que era realista», explicó ayer desde la sede de la corte europea de justicia en Luxemburgo, donde el caso ha sido resuelto en un tiempo récord y a donde llegó en forma de pregunta prejudicial. «Es básicamente como con los bancos, estas compañías son demasiado grandes para caer. Se necesita tiempo para implementar y ver cambios pero vemos progresos y presión de que se aplicarán antes o después. Hay muchas agencias de protección de datos que son muy activas y probablemente no esperarán a que lleguen denuncias», añadía ayer satisfecho con el resultado pero consciente de que llevará tiempo implementar cambios.

Los jueces reprochan ahora al Ejecutivo comunitario no haber garantizado una protección de datos equivalente a la que existe en la UE, ya que la legislación estadounidense prevalece sobre el «régimen de puerto seguro» y por tanto sus autoridades pueden interferir en los derechos fundamentales de personas.

Además, recriminan a la Comisión haber restringido las facultades de las autoridades nacionales de control; haber hecho oídos sordos a las revelaciones de Edward Snowden sobre las actividades de los servicios secretos estadounidenses pese a las evidencias de espionaje masivo que había; autorizar una normativa que permite a Washington acceder de forma generalizada al contenido de las comunicaciones sin limitaciones o excepciones lo que «lesiona el contenido esencial del derecho fundamentales»-; y no garantizar a los usuarios la posibilidad de ejercer acciones legales para pedir la rectificación o supresión de datos personales lo que «vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva».

Tranquilidad

Es un varapalo importante que tendrá repercusiones en la forma de gestionar los datos, tanto por parte de las empresas tecnológicas estadounidenses como de las autoridades europeas, que a partir de ahora tienen base legal para examinar y revisar las transferencias de datos de forma individualizada.

De hecho, la sentencia proclama que las autoridades irlandesas tienen la obligación de investigar las denuncias de Schrems «con toda la diligencia exigible» y que deberán decidir si suspender la transferencia de sus datos de Facebook a EEUU.

La Comisión Europea acogió con tranquilidad el veredicto. «Ya hemos estado trabajando con las autoridades norteamericanas para lograr transferencias de datos seguras para los ciudadanos europeos. Seguiremos trabajando para lograr un marco renovado y seguro», garantizó ayer el vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans.

Muchos grupos políticos de la Eurocámara mostraron ayer su satisfacción porque la sentencia demuestra que sus denuncias tienen base y que son necesarias reglas claras. También organizaciones de consumidores y usuarios que lo ven como una victoria histórica para la protección de la privacidad así como la agencia española de protección de datos que explicó que hace tiempo detectaron deficiencias y ya trabajan para determinar las implicaciones que tendrá la sentencia.