La candidata de Trump para la CIA evita condenar las torturas del pasado

Pocos cuestionan que Gina Haspel, una mujer de 61 años con 33 de veteranía en la Agencia Central de Inteligencia (CIA), sea una de las personas más cualificadas nominada nunca para dirigir la agencia. Sería, además, la primera mujer que llega al cargo. No obstante, la confirmación de la candidata propuesta por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún es una incógnita. Su participación en el programa de torturas en interrogatorios de sospechosos de terrorismo que la CIA llevó a cabo en centros de detención clandestinos tras los atentados del 11-S y en la destrucción de vídeos de esos abusos plantea sombras sobre todo morales que no ha logrado despejar este miércoles en su comparecencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado. Y aunque Haspel ha mostrado su “compromiso personal, claramente y sin reservas”, de que si llega al puesto bajo su liderazgo “la CIA no reiniciará tal programa de detenciones e interrogatorios”, ha evitado condenar tajantemente aquella tortura o la destrucción de los vídeos.

El argumento recurrente en las respuestas de Haspel a los senadores demócratas que han buscado inútilmente la condena moral de lo sucedido ha sido que, por aquel entonces, la Administración de George Bush creó un paraguas de supuesta legalidad para lo que se bautizó con el eufemismo de “técnicas de interrogatorio reforzadas”. Y aunque Haspel ha asegurado que si llega al cargo “no permitiría a la CIA emprender actividades que pensara que son inmorales incluso si fueran técnicamente legales”, se ha movido en un espacio mucho más gris al hablar del pasado. “Los oficiales de la CIA hicieron un extraordinario trabajo para prevenir otro ataque terrorista con las herramientas que se nos dieron”, ha declarado, por ejemplo.

El reto de Trump

Haspel ha defendido que su propia “brújula moral” es firme. Ha recordado que la nación decidió ajustarse a “parámetros morales más estrictos” y rechazar la tortura (Barack Obama puso formalmente fin a la técnica en 2009). Y ha querido reasegurar de esa firmeza a los senadores que temen que programas similares pudieran ser reiniciados por Trump, que ha defendido el uso de la tortura, de técnicas como el ahogamiento similado e incluso “de cosas peores”.

“No creo que el presidente me lo pidiera pero tenemos otras entidades que se encargan de los interrogatorios”, ha dicho la candidata, señalando repetidamente que el Departamento de Defensa, guiado por el manual de interrogatorios del Ejército, es el que ahora se encarga de interrogar a sospechosos de terrorismo. “La CIA no es el lugar adecuado para llevar a cabo interrogatorios. No dirige investigaciones. Nunca lo hizo históricamente y no vamos a volver a hacerlo”.

Haspel no han satisfecho a los demócratas y algunos, como el senador Martin Heinrich, han expresado su frustración porque ha estado dando “respuestas muy legalistas a preguntas fundamentalmente morales”. Y lo cierto es que no solo lo ha hecho respecto a las torturas, sino también en referencia a la destrucción de las grabaciones de esas torturas.

Destrucción de vídeos

Haspel llegó al 'black site' de la CIA en Tailandia a finales de 2002, cuando ya se había torturado en decenas de ocasiones a Abu Zubaida. Estuvo al frente del centro cuando se interrogó a otro de los detenidos, Ab al-Rahim al-Nashiri. Y en 2005 trabajaba para José Rodríguez, entonces director del Servicio Nacional Clandestino, cuando este ordenó la destrucción de 92 vídeos.

Haspel este miércoles ha querido aclarar que ella personalmente no aparece en los vídeos (dando a entender, aunque sin confirmar información clasificada, que se trata de las grabaciones de los brutales interrogatorios a Zubaida). Ha asegurado que fue Rodríguez, “él y solo él”, quien tomó la decisión de destruir las cintas. Pero también ha admitido que ella, que redactó el cable donde se daba la orden, era “absolutamente” partidaria de la destrucción en ese momento. Su justificación es que no había requerimiento legal de preservar las grabaciones porque había también actas escritas. También, que la destrucción “se conformaba a la legalidad” y pretendía “eliminar un riesgo para la seguridad”. El temor, ha dicho, era que se filtraran y revelaran la identidad de agentes de la CIA, elevando la “amenaza de Al Qaeda”.