Iguala, caso cerrado

Cumplidos el lunes cuatro meses de la negra noche de Iguala, de los tres ataques policiales, el asesinato de seis personas y la desaparición de 43 alumnos de la escuela de Ayotzinapa, «cuatro meses de sufrimiento, de desesperación, de ansiedad» para los padres, el Gobierno mexicano dio ayer carpetazo al asunto y sentenció como una «verdad histórica» que los 43 aspirantes a maestros rurales acabaron incinerados por sicarios en el basurero de Cocula. Tras ese «esfuerzo sin precedente de búsqueda e investigación», el presidente, Enrique Peña, señaló: «Este momento de tragedia y dolor no puede dejarnos atrapados, no podemos quedarnos ahí».

Pero el «derrotero de seguir caminando» que pedía «asumir» el mandatario no coincidía con el de las familias de los estudiantes y el «movimiento de largo aliento» que distintos analistas ven desatado tras la matanza. El fiscal general, Jesús Murillo, desplegó otra rueda de prensa llena de imágenes para «concluir que los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan». Habló de «verdad histórica basada en pruebas aportadas por la ciencia». Enseguida, los padres rechazaron de nuevo su versión, resaltaron la carencia de evidencias científicas y dijeron que apelarán a la justicia internacional.

Seguir insistiendo

«Los padres no vamos a permitir que concluyan o cierren las investigaciones: seguiremos insistiendo y vamos a mantener esta lucha hasta sus últimas consecuencias, hasta que se nos demuestre de manera científica que los mataron; porque vivos se los llevaron y vivos los van a entregar», dijo su portavoz, Felipe de la Cruz, acusado ahora hasta de guerrillero. Junto a él, varios padres y madres de los 43 reiteraron su «desconfianza en las autoridades», dijeron «pisoteada» su dignidad.

Una comisión de los padres viajará a Ginebra para declarar ante el comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que el lunes y el martes evaluará a México con sus, oficialmente, 23.000 desaparecidos. Los padres confían también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desplazará México a varios expertos, entre ellos el médico español Carlos Beristain. «Apoyarán para saber la verdad, porque el Gobierno en lugar de ayudarnos nos ataca», dijo Delfina de la Cruz. Delfina limpiaba casas para ayudar a su hijo Adán, que ya padre de dos niños, panadero y que  «se metió a la Normal de Ayotzinapa para superarse y seguir adelante».

A diferencia del fiscal, los padres no consideraron concluyente el testimonio del detenido número 99, Felipe Rodríguez, el Cepillo, miembro del cártel Guerreros Unidos que repitió ante la cámara la orden de «dar piso» a los estudiantes. Y les resultó «insultante» el detalle, recalcado en la representación de la Fiscalía, de que sus hijos fueran confundidos con sicarios de Los Rojos, el grupo rival. Su abogado, Vidulfo Rosales, señaló incluso una «investigación que desde años atrás involucra al Ejército en complicidad con el cártel Guerreros Unidos».

Mientras el fiscal exculpaba enfáticamente a los militares, los padres seguían mirando a los cuarteles, el Gobierno miraba ya para otro lado, y la cúpula empresarial encabezaba una campaña para demonizar a familiares, estudiantes y maestros que han mantenido en llamas ese estado de Guerrero. El lunes, cuatro manifestaciones cruzaron la ciudad de México en demanda de justicia. Ayer, las redes sociales volvieron a estallar bajo un lema dirigido al presidente: #EPNNotehagasMenso (tonto).