El Gobierno francés inicia la reforma constitucional para poder retirar la nacionalidad a los condenados por terrorismo

Un mes después de los atentados terroristas que golpearon París, el Gobierno de François Hollande ha desvelado este miércoles su “proyecto de ley constitucional de protección de la nación”. El texto, aprobado por el consejo de ministros, incluye dos medidas muy polémicas: la inscripción del estado de emergencia en la ley fundamental y la retirada de la nacionalidad a los franceses con doble nacionalidad que hayan sido condenados por actos de terrorismo. Esta propuesta de reforma constitucional, que el Parlamento debe aprobar con una mayoría de tres quintos, será debatida a partir del mes de febrero en la Asamblea Nacional.

El presidente francés anunció su intención de modificar la Constitución el pasado 16 de noviembre ante el Parlamento reunido en el Congreso de Versalles. El jefe de Estado se apoyó en el artículo 2 de la ley fundamental para justificar la modificación de la misma y ampliar el estado de emergencia durante tres meses. Fue entonces cuando también reconoció su intención de retirar la nacionalidad a los nacidos franceses con doble nacionalidad condenados por terrorismo en el país galo. Una vieja y controvertida reivindicación de la extrema derecha que permanecía en el limbo y que, finalmente, el Ejecutivo socialista ha incluido en su proyecto de ley.

HASTA FEBRERO

Durante su comparecencia en la rueda de prensa concedida tras el consejo de ministros, el primer ministro, Manuel Valls, aseguró que el fin del estado de emergencia debe “estar acorde con la situación”, recordando que “la amenaza terrorista nunca ha sido tan alta”. Incluyendo el estado de emergencia en la Constitución, el Ejecutivo pretende dotar a este de un mayor fundamento jurídico y evitar que pueda ser decretado de manera arbitraria. Sin embargo, en su proyecto de ley, el Gobierno abandona su intención inicial de establecer un régimen transitorio para poner fin al estado de emergencia. La duración de este quedará fijada por la ley en vigor, tal y como había recomendado el Consejo de Estado. Así, Francia continuará en estado de emergencia hasta el próximo mes de febrero, si bien el primer ministro, Manuel Valls, aseguró que no se descarta la prolongación del mismo.

No obstante, la medida que más polémica ha generado ha sido la propuesta la retirada de la nacionalidad. “El Gobierno ha decidido presentar ante el Parlamento esta medida”, confirmó Valls durante su intervención en rueda de prensa. Un anuncio que cuestiona las palabras de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, quien la víspera del consejo de ministros aseguró, en una radio argelina, que esta medida no sería incluida en el proyecto de modificación de la ley fundamental.

DOS CATEGORÍAS DE FRANCESES

“En ningún caso esta medida permitirá escapar de la justicia (…) los responsables serán perseguido y condenados en Francia (…) Al final de su condena, podrán estar sujetos a la deportación”, aclaró Valls.

Si bien el Consejo de Estado corroboró la legalidad de esta propuesta, el Ejecutivo ha recibido fuertes críticas en el seno de su propio partido donde muchos consideran que incluir este punto en la Constitución dará lugar a “la  creación de dos categorías de franceses” -los que tienen dos nacionalidades y pueden ser desposeídos de uno y los que solo son franceses y no pueden ser convertidos en apátridas--. Sin olvidar, que se trata de una reivindicación propia de la extrema derecha francesa.