Acuerdo unánime en el Congreso para fijar la posición de España ante la crisis de refugiados

Pacto unánime en el Congreso en torno a la crisis de los refugiados y el previsible acuerdo UE-Turquía. Se ha dado a conocer durante la comparecencia del secretario de Estado para asuntos de la Unión Europea, Fernando Eguidazu, y ha quedado recogido en un documento que constituye todo un mandato y al que habrá de ceñirse el presidente en funciones, Mariano Rajoy, cuando acuda este jueves a la cumbre en Bruselas para fijar la posición de España. "Manifestamos nuestra oposición a la adopción de cualquier acuerdo con Turquía que establezca expresa o indirectamente la posiblidad de proceder a expulsiones colectivas , o cualquier Estado no miembro de la Unión", se apunta en ese texto. Asimismo, se reclamarán expedientes individualizados con todas las garantías, control sobre el dinero que se dedicará a ayuda al colectivo y revisión del número de refugiados a acoger en Europa, en la línea de lo que solicitan organizaciones no gubernamentales.

"Consideramos imprescindible que la declaración o acuerdo garantice de manera expresa que cualquier expulsión a Turquía solo será posible cuando la misma sea adoptada tras la conclusión definitiva del correspondiente expediente de asilo individualizado con todas las garantías --prosigue--. Solicitamos que los acuerdos sobre el control del flujo de refugiados hacia Grecia que se alcancen con Turquía contengan garantías del cumplimiento de la legalidad internacional y del respeto a los derechos humanos, incluidos los requisitos de la legislación europea de asilo".

El pacto con Turquía para la expulsión de refugiados vulnera 5 tratados internacionales

Los firmantes de dicho documento subrayan que esa legislación que defienden exige, entre otros aspectos, que exista la certeza de que se respete "el principio de no devolución"; que se pueda solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de ser reconocido como tal, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra "o con garantías equivalentes mediante derecho interno", lo que incluiría también el acceso a derechos económicos y sociales garantizados en la citada convención. 

DE LAS BAMBALINAS A LOS FOCOS

Así, el pacto que se ha ido fraguando sobre borradores elaboradores por el Gobierno y por el PSOE al que después se han ido sumando el resto de grupos con aportaciones propias aboga también por reforzar los mecanismos de control sobre "el efectivo destino" de la ayuda económica destinada a ayudar a los refugiados; por continuar poniendo en marcha las acciones necesarias para lograr la reubicación de solicitantes de asilo o refugio; por promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamientos y promover nuevas ayudas para países de recepción y tránsito, además de defender el establecimiento "de manera urgente" de medidas de protección para individuos en riesgo, especialmente menores sin familia o mujeres víctimas de violencia sexual o de género.

Era sabido que desde La Moncloa se ha estado buscando el acuerdo con la oposición en las últimas horas. Ha habido intercambio de papeles. Pero en la mañana de este miércoles esa negociación ha pasado de 'las bambalinas' al foco de las Cámaras, dado que la prensa ha sido testigo de cómo los diputados, de pie y reunidos en torno a una  mesa cuando la comisión debía haber empezado según horario previsto, seguían discutiendo los últimos detalles de un documento que finalmente resume el pacto que han logrado alcanzar 'in extremis'.

De hecho, tanto Eguidazu como los distintos portavoces de exteriores en el Parlamento han intervenido en la mencionada comisión mientra trabajadores del Congreso, el Ejecutivo y los grupos, a toda prisa, se encargaban de introducir los últimos cambios pactados y redactar un último borrador que será entregado a sus señorías al término de esta cita parlamentaria. La crítica por el hecho de que España haya acogido menos de una veintena de refugiados de los que le coresponden por cuota o los recordatorios al Ejecutivo en funciones de que buscar la "aquiescencia" del Congreso no es una opción, sino un recordatorio hecho por la Abogacía del Estado son cuestiones que han salido a colación en el debate, más allá del consenso.