España aplica los exámenes lingüísticos sin ninguna regulación o control

En España, no se aplica oficialmente el LADO, la controvertida técnica de análisis lingüístico de los solicitantes de asilo indocumentados, que emplean nueve países europeos. Sin embargo, abogados e intérpretes afirman que se tiene en cuenta con frecuencia la opinión de los traductores sobre la autenticidad del acento de los solicitantes de asilo; una averiguación que desborda las competencias de los intérpretes.

El único caso oficial conocido ocurrió en Barcelona en 2001. De un grupo de solicitantes que decían venir de Sierra Leona, se dio asilo tan solo a los que hablaban el idioma mayoritario krio, sin comprobar si entre los otros había hablantes de kpelle o mende, idiomas de zonas rurales.

La práctica se sigue aplicando informalmente. “Está pasando, los intérpretes nos lo comentan, es vox populi. Pero los intérpretes no están formados para ello”, explica Marta Arumí, directora del grupo de investigación en intrpretación MIRAS, de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

SIN CONSTAR EN EL ACTA

“Hay policías que preguntan a los intérpretes: “¿[el solicitante] es del lugar de donde dice que es?” La pregunta no consta en el acta, pero el policía escribe: "El idioma no se corresponde". "Y esto se remite a Madrid”, afirma la abogada Montserrat Salvador. “Los intérpretes son considerados una especie de peritos. En la resolución judicial se dice que no se ha podido demostrar que la persona es de donde dice que es, pero no se menciona como se ha descubierto”, afirma el abogado Josetxo Ordóñez. “En [el CIE de] Melilla, se comprueba constantemente si el acento de los solicitantes que dicen ser argelinos es tal, o bien marroquí”, explica Virgina Álvarez, experta en asilo de Amnistía Internacional.

La aplicación informal de la técnica está agravada por el descontrol general del sector de la interpretación. “La mayoría de las personas que desarrollan tareas de interpretación son 'freelance' con poca formación, a menudo personas bilingües sin competencia lingüística aprobada. No existe ningún tipo de acreditación”, explica Arumí. El problema es especialmente acuciante en idiomas raros, según la investigadora.

“Aunque exista un cuerpo oficial de traductores del Estado, se trata de un grupo reducido que raramente acude a entrevistas y juzgados. Hace 15 años que no se convocan oposiciones”, explica el intérprete Iván Arias. Para suplir, se contratan agencias privadas como Septrotec y KM Alarabi, u oenegés como ACCEM, que a su vez buscan a los intérpretes.

CASOS ESPERPÉNTICOS

Anna Figueras, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Barcelona, recuerda episodios esperpénticos. Como el de un egipcio que decía trabajar en una “mina”, palabra que en árabe se refiere tanto a la minería como a la actividad portuaria. El intérprete sólo dio la primera traducción, rompiendo la coherencia del relato del solicitante, al cual se le denegó el asilo.

En otro caso, una mujer china dijo haber participado en una manifestación, que el traductor interpretó como un inexistente “hecho de sangre”. En casos de Costa de Marfil, “viajar en transporte colectivo” se traduce a menudo como “viajar en taxi”, lo que cambia notablemente el relato. “A veces, cuando los refugiados ya dominan el castellano, se sorprenden de cómo se tradujo su relato”, explica Figueras.

Oussama Attrache, un voluntario sirio que asesora una oenegé en temas lingüísticos, recuerda un episodio de 2015, en Melilla, en el cual un solicitante sirio dijo que se había divorciado diversas veces y el intérprete marroquí tradujo que era polígamo. “Esto afectó un montón al expediente, sobre todo por el tema de la reagrupación. Por suerte se rectificó”, afirma. “El árabe varía muchísimo, es fácil malinterpretar”, explica.

{"zeta-legacy-despiece-horizontal":{"title":"Sin registro de int\u00e9rpretes judiciales","text":"Una directiva de octubre de 2010 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo\u00a0establece la creaci\u00f3n de registros de int\u00e9rpretes judiciales. Espa\u00f1a a\u00fan no ha aplicado\u00a0la directiva. En diciembre de 2015, la Generalitat present\u00f3 una ley para la creaci\u00f3n del registro, que est\u00e1 impugnada por el Gobierno central. \u201c[La ley catalana] es un primer paso. Pero no es suficiente, porque deja la puerta abierta a que, para lenguas raras, cualquier nacional pueda actuar de int\u00e9rprete\u201d, comenta Arum\u00ed. \u201cNo toda la culpa es de los int\u00e9rpretes: una buena interpretaci\u00f3n requiere reglas, estudios oficiales y sensibilidad por parte de los agentes judiciales\u201d, concluye."}}