Empobrecidos por el fraude fiscal

El escándalo de la Banca Privada de Andorra (BPA), la negativa de las autoridades andorranas a informar a la justicia sobre las cuentas de la familia Pujol, los acuerdos de Luxemburgo con más de 350 multinacionales para evadir impuestos, los pactos de Bélgica con grandes compañías para recortar sus tributos, las leyes de Holanda e Irlanda para que las multinacionales se ahorren la mayor parte de los impuestos y los esquemas de evasión fiscal que funcionan en los territorios bajo jurisdicción británica o de su corona muestran que el fraude fiscal sigue siendo masivo e incontrolado, pese a las reiteradas declaraciones y promesas de las autoridades nacionales y europeas.

La Comisión Europea estima que los 28 estados de la Unión Europea (UE) dejan cada año de recaudar un billón de euros. La cifra equivale al producto interior bruto (PIB) anual de España y a 2.000 euros por cada ciudadano de la UE. Este fraude fiscal masivo es el responsable de los despidos de empleados públicos, de los recortes en sanidad y educación, de que se invierta menos en infraestructuras e investigación y de que realmente solo paguen impuestos el ciudadano de a pie y las pequeñas y medianas empresas (pymes).

España es un ejemplo de evasión fiscal masiva. Pese a tener unos tipos muy elevados en los impuestos sobre la renta y sobre el valor añadido (IVA), España es uno de los países de la eurozona que menos recauda en proporción a su PIB, según Eurostat y la Comisión Europea.

España recauda en impuestos, cotizaciones sociales y tasas el equivalente al 37,5% del PIB, muy por debajo la media de la eurozona (46,5%), de Alemania (44,5%) y de Francia (53%). Si España recaudara solo en la misma proporción que Alemania, no habría tenido un déficit público de 71.291 millones en el 2013 e incluso habría logrado un superávit de 2.152 millones.

A pesar de la gravedad de la evasión fiscal, los Veintiocho han estado recortando de forma sistemática el personal de las agencias tributarias y adoptando normas que favorecen la evasión tributaria. El número de inspectores de Hacienda en los países de la UE se redujo en más de 56.000 del 2008 al 2012, lo que equivale al 9,6%, según un informe de la Federación Europea de Sindicatos de los Servicios Públicos. En España, la reducción fue de 989 personas, el 3,5% del total del personal de la Agencia Tributaria.

PARAÍSOS FISCALES

El Parlamento Europeo propuso infructuosamente en el 2013 que se adoptara una legislación que anulara la licencia para poder operar en la UE a los bancos y entidades financieras que mantuvieran filiales o que operaran en paraísos fiscales. Lejos de disminuir, las empresas y bancos europeos han incrementado sus filiales en los paraísos fiscales. Las empresas del índice bursátil español Ibex 35 disponen de 810 filiales en paraísos fiscales, un 44% más que en el 2012 y su inversión en esos paraísos fiscales se ha multiplicado por tres, según Oxfam-Intermon.

El 20% de las filiales de los bancos franceses está en paraísos fiscales, que aportan el 26% de los ingresos. Las Islas Vírgenes británicas, por ejemplo, tienen domiciliadas 850.000 empresas, lo que equivale a 31 empresas por cada habitante de ese territorio. Los fondos escondidos en los paraísos fiscales ascienden a nivel mundial a 32 billones de euros (32 veces el PIB de España), según las últimas estimaciones.

LUCHA CONTRA LA EVASIÓN

El nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, obstaculizó y frenó durante dos décadas la adopción de medidas efectivas contra la evasión fiscal en la UE como primer ministro de Luxemburgo para proteger el negocio de paraíso fiscal de su país. Ahora, Juncker asegura que la lucha contra la evasión fiscal será una prioridad y que el 18 de marzo presentará un paquete de medidas para limitar los abusos de las multinacionales en eludir el pago de impuestos.

De momento, España, como otros países, sigue protegiendo a las grandes empresas con medidas que les permiten en la práctica tributar solo por el 5% de sus beneficios declarados o que eximirán a los bancos del pago como mínimo de 40.000 millones en impuestos a lo largo de los próximos años en compensación de pérdidas y gastos pasados.