Duterte sí cumple sus promesas electorales: 30 muertos en cuatro días como presidente

El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.

El nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. / EDC/yh

ADRIÁN FONCILLAS / PEKÍN

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La toma de posesión de Rodrigo Duterte enfrió a sus seguidores y satisfizo a las organizaciones de derechos humanos. Pronunció un discurso con hechuras institucionales, quizá influido por la solemnidad del momento. Recordó su pasado como abogado, dijo conocer los límites de la ley, anunció su adhesión inquebrantable a ella y olvidó sus intenciones de engordar los peces de la bahía de Manila con los cadáveres de criminales y otras promesas electorales similares.Cuatro días le han bastado para demostrar que cumple sus promesas electorales, devolver el júbilo a sus votantes y los nervios a las organizaciones de derechos humanos.

Una treintena de presuntos narcotraficantes han muerto ya y la lista se intuye inacabada. “Si la policía mata a mil criminales en cumplimiento de su deber, yo les protegeré”, ha advertido el conocido como 'Castigador' o 'Duterte el Sucio'.

Los despachos policiales sugieren frenesí. Cinco presuntos traficantes murieron el domingo en una operación cercana al palacio presidencial. “Mis hombres estaban a punto de entregarles las órdenes de arresto cuando salieron disparos desde un edificio cercano”, ha justificado Oscar Albayalde, jefe policial en la capital. Los agentes encontraron cuatro armas y 200 gramos de metanfetamina. La lista de víctimas se completa con tres muertos más en Manila y 22 fuera de la capital.

Los agentes también se han incautado de un alijo de 20 kilos de 180 de metanfetamina con un valor cercano a los 20 millones de dólares en un barco atracado cerca de la isla de Luzon cuando iba a ser transportado en lanchas a tierra firme.

LIMPIEZA EN LA POLICÍA

La limpieza policial no ha descuidado las propias filas. El propio Duterte ha acusado en una retransmisión televisada a cinco agentes de vínculos con las organizaciones criminales y de amparar el narcotráfico. Uno ya ha negado los cargos y pedido un juicio justo, una modalidad aparentemente a la baja en Filipinas. Ronald de la Rosa, jefe nacional de la policía, ha aclarado que no le importaría cambiar sus fechas de nacimiento al 2 de noviembre, día de los Difuntos en el país del sudeste asiático.

Duterte ha llegado al poder con un discurso granítico contra la corrupción, el crimen y las drogas que cala en un país hastiado de políticos melifluos. “Va a ser una guerra sucia, va a ser una guerra sangrienta. Y no me estoy disculpando por ello. Como autoridad pública, mía y solo mía, asumo toda responsabilidad legal”, ha declarado Duterte en referencia a los 30 muertos. Su victoria del 9 de mayo, con su toma de posesión aun lejana, ya pareció desembridar a la policía: se cuentan desde entonces un centenar de muertos, en su mayoría presuntos traficantes, violadores y ladrones de coches.

Dutertealcalde durante dos décadas de Davao, convirtió esa ciudad del sur tradicionalmente convulsa en una de las más seguras del país. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que escuadrones de la muerte campan a sus anchas acribillando 'in situ' a todo aquel que lejanamente parece un delincuente y temen que replique el modelo a escala nacional.

"SIGANO, ABRID FUNERARIAS"

Duterte ha negado amparar una metodología que se ha cobrado un millar de presuntos delincuentes en su ciudad. También ha prometido acabar con el crimen en el país en seis meses aunque tenga que matar a 100.000 delincuentes. “Si gano, abrid funerarias. Estarán repletas. Yo suministraré los cadáveres”, aconsejó durante las elecciones.

Las organizaciones de derechos humanos repiten estos días su clamor. Amnistía Internacional ha pedido el fin de esa actividad policial desaforadaAzadeh Shahshahani, abogado de derechos civiles, ha recordado a Duterte que los delincuentes merecen “un proceso justo en un tribunal legal con independencia de la gravedad de sus crímenes”. Edre Olalia, secretaria general de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo, ha pedido que termine tanto la lacra nacional de la droga como las ejecuciones sumarias de supuestos drogadictos o pequeños traficantes. “No son incompatibles”, ha explicado.