EL DRAMA MIGRATORIO

La CE propone pagar 6.000 € por los inmigrantes reubicados desde los futuros "centros controlados" de la UE

Refugiados en el asentamiento de Lesbos, en Grecia.

Refugiados en el asentamiento de Lesbos, en Grecia. / .44394525

Silvia Martinez

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La negativa de Italia a acoger barcos de ONGs como Proactiva Open Arms ha obligado a buscar con urgencia soluciones y la primera propuesta ya está sobre la mesa. Bruselas confía en evitar la repetición de casos como el 'Aquarius', que navegó errante durante días con cientos de inmigrantes abordo, a base esencialmente de dinero. Propone crear “centros controlados” dentro de la UE, financiados con “cientos de millones” del presupuesto europeo, a los que trasladar a los inmigrantes rescatados en el mediterráneo y donde procesar sus solicitudes de asilo. A los países que acepten reubicarlos, como ya hizo con Italia y Grecia, les ofrece una ayuda de 6.000 euros por persona más 500 para su traslado.

La propuesta responde a la batería de compromisos asumidos por los 28 líderes de la UE durante el tenso Consejo Europeo del pasado 28 de junio, que el gobierno italiano amenazó con bloquear. No aclara, sin embargo, incógnitas importantes. Para empezar, en qué puertos se desembarcará a los inmigrantes rescatados o en qué países se ubicarán los centros, algo que deberán decidir de forma voluntaria los Estados miembros.

Hasta ahora, ningún país de la UE se ha ofrecido a establecer este tipo de instalaciones en su territorio. Bruselas confía en empezar a resquebrajar esa negativa este miércoles, durante la reunión de los embajadores permanentes de la UE. Y para ello quiere utilizar como aliciente el dinero del presupuesto europeo. En primer lugar, para que los países mediterráneos abran sus puertos a los desembarcos, en segundo, para que los Estados miembros creen los llamados “centros controlados” y, por último, para que el máximo número de países posible se comprometan a reubicar en su territorio a algunas de las personas rescatadas.

Italia rechaza la “caridad”

La primera respuesta de Italia, sin embargo, ha sido rotunda. “No estamos pidiendo donativos de caridad. Cada solicitante de asilo le cuesta al contribuyente italiano entre 40,000 y 50,000 euros. Bruselas se puede quedar con su caridad. No queremos dinero, queremos dignidad”, ha replicado el ministro de interior italiano, Matteo Salvini. “Tiene cosas interesantes” pero “no es una cuestión de dinero”, ha añadido el primer ministro, Giusseppe Conte.

Bruselas se ofrece a coordinar todas las operaciones y a financiarlas: desde el personal necesario hasta la puesta en marcha de instalaciones en los puertos y los centros. Según los cálculos del Ejecutivo comunitario, para asistir en el desembarco de 500 inmigrantes se podrían poner a disposición del país que recibe el navío un equipo mínimo de 300 personas entre expertos, intérpretes, escoltas, personal sanitario, mediadores culturales y funcionarios de la agencia Frontex, de la oficina europea de Asilo, y de Europol. Estos equipos serían “móviles” y podrían trasladarse en función de las necesidades.

Solución temporal

La intención de Bruselas es realizar, en un plazo de 72 horas tras el desembarco en puerto, la primera criba para determinar quienes cumplen los requisitos para solicitar asilo y quienes son inmigrantes irregulares y, por tanto, deben ser repatriados a sus países de origen. Aquellos que pueden recibir protección internacional serán trasladados a los centros con el objetivo de tramitar su solicitud de asilo de forma acelerada, en un plazo máximo de ocho semanas en la fase piloto.

La Comisión Europea no ha aclarado si los centros, que serán gestionados por los Estados miembros con su apoyo, serán cerrados o abiertos –“es algo que está por decidir”, explican fuentes europeas- pero serán “instalaciones temporales” y “de naturaleza ad hoc” para afrontar las posibles llegadas mientras los 28 siguen negociando la reforma del sistema de asilo y el reglamento de Dublín, que lleva meses bloqueada.

Plataformas de desembarco fuera de la UE

La segunda pata de la propuesta se refiere a la creación de plataformas de desembarco en terceros países, tal y como reclamaron también los 28 en la cumbre de junio, y que Bruselas define como “arreglos regionales de desembarque” en “estrecha cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones (IOM en sus siglas en inglés) y ACNUR”. Según Bruselas, este nuevo concepto no esconde ni campos ni de zonas detención.

“Significa ofrecer una gama de procedimientos establecidos y reglas para asegurar desembarcos seguros y ordenados y un procesamiento que respete plenamente los derechos humanos y la legislación internacional”, sostiene la Comisión que también precisa que deben ser establecidos “lo más lejos posible de los puntos de partida ilegales” para evitar el efecto llamada. Como en el caso de los centros en la UE, Bruselas también está dispuesta a financiar su desarrollo aunque los documentos no mencionan ningún país en concreto ni hay negociaciones con ningún país tercero.

Evitar el efecto llamada

Para evitar el efecto llamada, la Comisión subraya que no todas las personas con derecho a protección internacional que sean trasladados a estas plataformas tendrán la posibilidad de beneficiarse del programa de reubicación a territorio europeo. “No queremos que a Europa lleguen quienes decidan los traficantes”, aseguran fuentes del Ejecutivo comunitario. Los embajadores permanentes de los 28 examinarán la propuesta también este miércoles mientras que ACNUR e IOM lo han organizado una reunión el próximo 30 de julio en Ginebra.

“Más que nunca necesitamos soluciones europeas comunes en materia de inmigración” y “estamos preparados para apoyar a los Estados miembros y terceros países para mejorar la cooperación en los desembarcos de aquellos rescatados en el mar pero para eso tenemos que estar unidos no solo ahora sino a largo plazo”, ha reclamado el comisario Dimitrios Avramopoulos.