... y Catalunya perfila la acogida

Es un corte que requiere mimo; una pieza que, si no se teje con cariño, puede terminar deshilachada. La alfombra que Catalunya ha empezado a trenzar para acoger a los refugiados, tras una semana de indignación y movilización ciudadana, dio ayer sus primeras puntadas con la creación de un comité operativo formado por administraciones públicas y entidades sociales. Este equipo multidisciplinar se encargará de facilitar la llegada de los asilados, desde su primer contacto con un país quizás desconocido -se les espera en unos tres meses-, hasta la distribución en centros o pisos de acogida, así como su integración en la sociedad a todos los niveles (laboral, sanitario, educativo…). Un lugar por determinar del área metropolitana de Barcelona funcionará como primer hogar. Luego, serán alojados por todo el territorio. Un guión sin grietas, pero no habrá tapiz hasta que el Estado no deshoje la margarita del número de personas que España está dispuesta a acoger.

La vicepresidenta del Govern y consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, pasó por la mañana por La Xarxa, donde le recordaron que durante la crisis de los Balcanes, Catalunya alojó a unos 2.000 refugiados. Señaló que la urgencia y la dimensión de la situación actual invitan a pensar que esta cifra se superará. A mediodía Munté presidió la reunión que puso a andar la maquinaria catalana para albergar a las personas que ahora vagan por Europa. El Govern ya trabaja, dijo, en un listado de equipamientos y viviendas para poder concretar qué nivel de compromiso se puede adquirir, teniendo en cuenta que cada provincia recibirá a un número concreto de refugiados en función de su población.

Eso, al margen de la solidaridad particular, de incierto destino, como la de las 2.000 personas que ya han ofrecido su ayuda a través del correo electrónico que el Ayuntamiento de Barcelona habilitó tras presentar el proyecto de ciudades refugio. La alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, solicitó empezar a auxiliar a las cerca de mil personas que viven en la capital catalana a la espera de que se apruebe su condición de refugiados. También exigió al Gobierno que dé acceso a las ciudades a parte del dinero que la UE da a Madrid para atender a los refugiados: 500 millones de euros.