Caracas cree que bandas paramilitares provocaron la masacre de los mineros

La misteriosa muerte de 28 personas en Tumeremo, a casi 900 kilómetros de Caracas, se ha convertido a estas alturas en otra disputa entre el Gobierno de Nicolás Maduro y una oposición que ya ha diseñado una hoja de ruta para desplazarlo de la presidencia. “Las informaciones preliminares que me ha transmitido el Defensor del Pueblo es que se ha tomado testimonio a un grupo de mineros denunciantes sobre una posible matanza en una guerra de bandas, de estas zonas mineras”, dijo Maduro, después de días de silencio. “Todo parece indicar que es un grupo paramilitar”, añadió. “Pero les pido que esperemos los resultados de la investigación. Porque ellos salen a decir, Maduro es el culpable. Maduro es el culpable de todo”, dijo, en referencia a los “politiqueros”. 

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Gustavo González, dijo que, a estas alturas, el Gobierno todavía no puede precisar cuántos operan en el municipio de Sifontes, en el Estado de Bolívar. “Pueden ser una, dos o tres bandas”. El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró por su parte que “ya hay algunos ciudadanos identificados que serían los que posiblemente ocasionaron estos hechos violentos denunciados”. Se abstuvo de decir las palabras “asesinato”, “matanza” o “masacre”, en boca de casi todos los venezolanos.

La desaparición de 28 mineros estremece Venezuela

Familiares y vecinos de los desaparecidos mostraron a la prensa pruebas de dónde estuvieron los mineros. Fueron encontrados en un camino abandonado seis pares de zapatos, billeteras vacías, cuerdas y cinturones. Joli Fermín busca hace cinco días a su esposo José Gregorio Nieves. El tiempo, dijo, apremia. Las fuerzas de seguridad “no sirven para nada”. A su criterio, no son ajenas por completo a “la 'matazón' de nuestros familiares”. En medio de las investigaciones, Tumeremo, la pequeña localidad que vive bajo los efectos de la fiebre del oro que sacude a la región de Bolívar, así como Sifontes, se encuentran ahora en estado de convulsión. Unos 650 locales comerciales han cerrado sus puertas desde hace cinco días para exigir la aparición de los mineros, vivos o muertos. El dueño de uno de esos negocios se negó a acatar la medida de fuerza y mató de un disparo a un ciudadano.

COMISIÓN PARLAMENTARIA

En este contexto, la Asamblea Nacional (AN), donde la Mesa de Unidad Democrática (MUD) cuenta con mayoría calificada, aprobó la creación de una comisión de investigación de los hechos. La integran los diputados Américo De Grazia, Olivia Lozano, Luis Silva, José Hernández y Rachid Yasbek. “Aquí nos acusan de apátridas, pero apátridas son los que entregaron las minas y las están entregando hoy”, dijo De Grazia, en referencia al chavismo. Silva dijo: “Los descuartizaron con motosierra y ¿quiénes fueron los culpables para el Gobierno? La oposición”. Para Silva existe complicidad de las autoridades policiales. “¿Dónde están los cuerpos? Eso es lo que el pueblo quiere saber (...) no puede ser que seamos tan indolentes”.

El presidente decidió a su vez crear una zona militar de protección a todos los municipios mineros. Pero hasta exchavistas como Elisa Osorio reclaman que se revisen decisiones arbitrarias que benefician a empresas extranjeras y provocan trastornos sociales y ambientales. Osorio fue ministra de Medio Ambiente de Hugo Chávez: "Me llama mucho la atención que el presidente Maduro haya asumido la explotación minera y el motor minero como se llamó, como un elemento para impulsar la economía el país cuando está sumamente demostrado que la minería, el extractivismo, la explotación primaria de los minerales no producen mayormente riqueza, porque la riqueza queda en manos de quienes la están extrayendo y esto se agrava más aún, por las condiciones en que se han firmado los acuerdos con la Gold Reserve...Uno se preocupa más aún cuando ve que le están exonerando los impuestos a la Gold Reserve. Si esto se hace a cielo abierto el daño es prácticamente irreversible”.